Las Cortes de Castilla-La Mancha han vivido cuatro años de cambios y, por lo que parece que se avecina, estos no acaban con la entrada del nuevo Gobierno; al contrario, se prevén modificaciones para deshacer lo hecho por María Dolores Cospedal. Así al menos se desprende del acuerdo de investidura que PSOE y Podemos cerraron esta semana y que llevarán a cabo si Emiliano García-Page es investido presidente de la región. Una transformación que podría vivir el Convento de San Gil que le retrotraería al año 2011, al menos en parte. La presidenta en funciones de Castilla-La Mancha retiró el sueldo a los diputados de las Cortes, 49 entonces, así como la exclusividad, por lo que podrían dedicarse a otras labores al margen del trabajo desempeñado como representante de los ciudadanos. Cospedal también redujo el número de diputados a 33 en aras de la austeridad.
Ahora bien, el documento que tanto Page como Molina se han comprometido a llevar a cabo, recoge medidas que afectan directamente a los parlamentarios y al Gobierno, así como propuestas relacionadas con la ética que deberían exhibir los políticos y que tanto exige actualmente la ciudadanía.
El punto ocho del acuerdo, ‘Ley de Transparencia y Buen Gobierno’, recoge, por ejemplo, la obligatoriedad mensual de la Junta de publicar la información sobre la publicidad institucional contratada o la puesta en marcha de una auditoría que revele el patrimonio inmobiliario del Gobierno.
Endurecer el régimen de incompatibilidades de los altos cargos del nuevo Gobierno o que los diputados cobren un sueldo mensual neto nunca superior a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (es decir, 1.945,80 euros) son otras dos propuestas que recoge el documento. Estas medidas deben implementarse antes de noviembre de 2015.
Se ajustarán también los gastos de representación y dietas y se eliminará cualquier tipo de privilegio respecto a un ciudadano normal, como puede ser un régimen de pensiones, coches oficiales, móviles, etc.
La modificación del Estatuto de Autonomía no escapa a las propuestas realizadas por PSOE yPodemos durante la pasada campaña electoral. La máxima norma regional debe mudar para reformar la Ley Electoral de Castilla-La Mancha y ampliar el número de diputados o para establecer la dedicación exclusiva del presidente de la región para que no se dé el caso de Cospedal que ha compatibilizado dos cargos: jefa del Ejecutivo y secretaria general del Partido Popular.