La exhumación de Franco y la sentencia del procés eran dos factores que iban -y van- a influir en los comicios del próximo domingo. Pero no eran los únicos, ya que se daba por hecho que se conocerían antes del 10-N las condenas por el caso de los ERE -la pieza política-, que alcanza a la línea de flotación del PSOE andaluz, que durante 36 años ininterrumpidos, tras conquistar la región su Estatuto de Autonomía y hasta principios de 2019, ha gobernado la comunidad sureña. Sorprendentemente, el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJA) decidió el pasado 29 de octubre retrasar el fallo final unos meses alegando la complejidad de la macrocausa.
Tras más de un año de sesiones de juicio oral -152-, el 17 de diciembre de 2018, la Audiencia Provincial de Sevilla dejó visto para sentencia el juicio contra una veintena de exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Considerado el mayor caso de corrupción política en España, presuntamente, se desviaron 741 millones de euros destinados a ayudas sociolaborales a fines muy distintos de los legalmente previstos, sin respetar la normativa vigentes y haciendo caso omiso a las advertencias de la Intervención General. Ytodo ello con el objetivo de mantener una «red clientelar» que, en última instancia beneficaba al Partido Socialista.
Ese día, el 17 de diciembre del pasado año, el presidente de la Sala, Juan Antonio Calle, pronunciaba la conocida frase de «visto para sentencia». Las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez integran, junto con el citado ponente, el tribunal que debe dicta la correspondiente sentencia.
Desde entonces ha transcurrido ya casi 10 meses, convirtiéndose en el procedimiento judicial relacionado con la corrupción que lleva más tiempo a la espera de la resolución judicial de los últimos años, solo superado por el caso Malaya, donde hubo que esperar, prácticamente, un año y tres meses.
Hay que tener en cuenta que en la trama Gürtel -decisiva para que se produjera la moción de censura que desalojó a Rajoy del poder en junio de 2018-, en la que había 37 acusados y una causa también más que compleja, la Audiencia Nacional dictó la sentencia condenatoria a los seis meses y ocho días después de la finalización del juicio.
«El caso de los ERE ha sido presentado ante la opinión pública como la Gürtel del PSOE, a pesar de que aquí no hay sombra de financiación ilegal ni cohecho», señaló recientemente a un diario nacional uno de los abogados de los acusados. «Es un caso claro de penalización de la responsabilidad política», afirma otro de los letrados.
Lo cierto es que no hay todavía fechas previstas de cuándo puede producirse el anhelado por unos y temidos por otros fallo de la Audiencia de Sevilla. Conviene recordar que la Sala de Gobierno del TSJA aprobó el pasado 26 de febrero la liberación total durante seis meses del magistrado Juan Antonio Calle Peña para llevar a cabo la redacción de la sentencia, si bien el 10 de septiembre dictaminó prorrogar ese plazo hasta el 26 de octubre, para luego extender el tiempo aún más, algo que ha indignado a los partidos de la oposición, a los que no han convencido las explicaciones del juez.
Muchos ojos están puestos en la instructora desde 2015 -tras Mercedes Alaya, que abrió el caso en 2011-, María Núñez Bolaños, que fue denunciada por Anticorrupción en julio por «desatender la investigación».
Para la periodista Laura Blanco, que cubrió las 152 sesiones, el debate ha sido muy técnico. «Dudo de que haya una condena o absolución general, pero sí pagarán algunos responsables políticos», comenta la redactora sevillana, que cree que el fallo, que superará los 1.700 folios, se podría conocer a finales de mes. «Politicamente, está más que amortizado el caso», sentencia.