En noviembre se sucedieron en Albacete una serie acontecimientos transcendentales. El día 6 de noviembre de 1835 tuvo lugar la constitución  de la Diputación de Albacete y, el día 8, a las 9,30 horas,  la instalación de la citada Corporación. El acto tuvo lugar en la iglesia del suprimido convento de San Agustín, presidido por el gobernador civil Jorge Gispert, primer presidente de la Corporación. Al día siguiente fue elegido secretario el doctor Francisco González Elipe.

Otro hecho importante fue el otorgamiento del título de Ciudad dado por la reina Isabel II el 26 de noviembre de 1862. Albacete, hasta esta fecha, tenía el título de Villa por privilegio del Marqués de Villena desde el 9 de noviembre de 1375. El título de Ciudad se decía en el Real Decreto,  que era «en consideración a la importancia que para su población y riqueza tiene la villa de Albacete, a la de ser la capital de la provincia y residencia de la Audiencia» Albacete en 1862 apenas tenía 17.000 habitantes y su alcalde era Manuel Cortés. Y, en tiempos más cercanos,  el 10 de noviembre de 1978, recordar que la reina  doña Sofía  inauguraba  el Museo de Albacete.

Sin embargo, en las Efemérides de este mes vamos a comentar el hecho histórico sin duda más transcendental para Albacete: la creación de la provincia de Albacete en 1833.

nueva ordenación. Fallecido Fernando VII (29/X/1833), se va a instaurar en España la monarquía constitucional y el régimen liberal, y se va a proceder a la modernización de la Administración. Esta se va a concretar en la nueva división del territorio nacional en provincias,  partiendo de la existente en el Antiguo Régimen, y constitucionalmente recogida en el artículo  11 de la Constitución de Cádiz de 1812.

Pero muy brevemente señalamos que,  con anterioridad a la nueva división territorial de 1833, en España se llevaron a cabo otras como la «consulta provincial de Floridablanca» de 1785-1789 -erróneamente fue llamada «división» de Floridablanca-  por la que el  territorio nacional quedaba dividido en  31 provincias, cuatro reinos, un principado y un señorío que se subdividen interinamente.

Esta división, catalogada de desordenada, es una fuente de información fiable acerca de la organización del territorio a finales del siglo XVIII. Con José Napoleón I se planificó una División Administrativa (17-4-1810) que no se aplicó y que seguía el modelo francés, por el que España se dividía en 38 prefecturas y 111 subprefecturas. La prefectura de Murcia comprendía Murcia, Cartagena, Huéscar y Albacete en el Departamento del Segura. Su autor fue Juan Antonio Llorente.

En la Constitución de 1812 se señala en su artículo 11: «Se hará una división más conveniente del territorio, luego que las circunstancias políticas  de la Nación lo permitan». En 1812 los planteamientos de las Cortes de Cádiz para una adecuada  ordenación territorial se intentan  plasmar en  «el plan de división política más conveniente al territorio de la Península e islas adyacentes»,  cuyos principios fueran la racionalidad de la división y su funcionalidad económica. Este proyecto reformista  fue encargado a Felipe Bauzá, oficial de la Marina y un experto en temas geográficos.

Según el proyecto elaborado en menos de tres meses, el territorio nacional se dividiría en  cuarenta y cuatro provincias divididas en tres categorías. Finalmente,  en 1814,  la Comisión de Gobernación del Consejo de Estado aceptó el proyecto pero redujo a 39 las 44 provincias. Con el regreso de Fernando VII este proyecto quedó anulado. Otro nuevo proyecto de división territorial como el de Martín Garay (1818-1820) no llegó a tener efecto.

Durante el Trienio Constitucional (1820-1823) el modelo liberal reaparece y   tuvo lugar una nueva división territorial (Real Decreto de 27 de enero de 1822),  por el que el territorio nacional quedaba dividido en 52 provincias agrupadas en 14 regiones. Entre las creadas se encontraba la llamada Mancha Alta formada con territorios de Cuenca, Murcia y La Mancha.

chinchilla. Con  municipios  de estas tres provincias, menos la zona de La Roda  y el término de Villarrobledo,  se formó la provincia de Chinchilla,  que será el precedente de la provincia de Albacete en 1833. Esta nueva provincia incluía algunas poblaciones de Murcia, de Ciudad Real y de Jaén La capitalidad se estableció en Chinchilla durante algo más de un año, ya que,  con la instauración del absolutismo fernandino, esta división quedó sin efecto.

En el hecho  de que Chinchilla fuera declarada capital influyeron,  sin duda,  el que las Cortes la declararan Cabeza de Partido, se le otorgara el título de Ciudad, ser sede del Regimiento Provincial de su nombre,  y poseer un  rico pasado histórico. Esta división prácticamente no tuvo efecto por la vuelta de régimen absolutista.

Los intentos anteriores de una nueva reforma territorial que no pudieron llevarse  a efecto van a ser puestos en práctica en 1833 cuando se lleva a cabo la división del territorio nacional. En la misma van a culminar los esfuerzos de la revolución liberal por hacer una nueva estructura del territorio en la que se va a plasmar el nuevo concepto de organización administración y política del Estado. Pero esta reforma, como señalan los estudios de esta cuestión,  va más allá de un mero nivel administrativo,  ya que lo que pretende realmente  es una transformación política del mismo, capaz de abrir paso a una ciudadanía libre que supere las tradicionales relaciones de poder monarca-súbditos.

Como bien se señala en la disposición oficial,  la nueva división civil  del territorio  «como base de la administración interior, y medio para obtener los beneficios que meditaba hacer a los pueblos»,  se lleva a cabo  «después de haber reconocido los prolijos trabajos hechos antes de ahora por varias comisiones y personas sobre  tan importante materia».

por real decreto. El Real Decreto  de 30 de noviembre de 1833, publicado en la Gaceta de Madrid el 3 de diciembre del citado año, fue sancionado por la reina regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias,  a propuesta del ministro Javier de Burgos. En el artículo uno se dice que el territorio español «queda desde ahora dividido en 49 provincias que tomarán el nombre de sus capitales respectivas, excepto las de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que  conservarán sus actuales denominaciones» (en 1927 pasarían a 50, al formar las Canarias dos provincias) y, en el  segundo,  que el Reino de Murcia  se divide en dos: «Murcia y Albacete».

En otros artículos se indica que la nueva división en provincias «no se entenderá limitada al orden administrativo, sino que se arreglarán a ella las demarcaciones militares, judiciales y de hacienda». Asimismo, los subdelegados de Fomento serán  los encargados de «demarcar los confines de sus respectivas provincias» y tomarán cuenta de las alegaciones que hagan al respecto «sobre la agregación  o separación de los pueblos» que serán trasladadas al Ministerio y, también, se levantarán planos topográficos de las nuevas provincias con el fin de elaborar «una nueva carta general del reino».

Al frente de la nueva división provincial estará un subdelegado de Fomento,  «autoridad superior administrativa», posteriormente denominado Jefe Político,  y desde 1849 gobernadores civiles de provincia.

La capitalidad de la nueva  provincia se estableció en la villa de Albacete, sin duda debido a uno de los criterios de los redactores del plan de división territorial: la centralidad que se aplicó, sobre todo,  a las de nueva creación.

La recién creada provincia de Albacete no tuvo los límites geográficos actuales formándose con territorios de Cuenca, La Mancha  y Murcia, quedando integrada con los partidos de Albacete, Chinchilla, Hellín, parte de la Sierra del Segura y de Villena (actual partido judicial de Almansa). Además se añaden los partidos de Alcaraz, Ayna, de la provincia de La Mancha, parte sur de Cuenca (Casas Ibáñez) y una zona del partido de San Clemente, también de Cuenca.

más cambios. Estos  límites cambiarían pues,  en 1836,  Villena pasa a pertenecer a  Alicante, en 1846 Villarrobledo se separa de Ciudad Real y se integra en Albacete y, finalmente Requena, en 1854 se integra en Valencia.

La provincia de Albacete no tenía diócesis y sus territorios pertenecían  a las de Toledo, Cuenca, Cartagena, Orihuela y Vicaría de Yeste de la Orden de Santiago. La diócesis de Albacete no se creará hasta noviembre de 1949.

Aunque en los libros de acuerdos municipales de Albacete en las fechas de la creación de  la provincia no se  menciona este hecho, si hemos encontrado un acuerdo del Ayuntamiento  del día 15 de diciembre de 1833, presidido por Diego de Ossa Ochoa, en el que se hace un reconocimiento a la figura del escolapio  padre Jorge López Fernández de Córdoba por lograr la capitalidad para la villa de Albacete. El homenaje acordado por unanimidad consistió en «colocar en la Sala Capitular el retrato de su Reverendísima  por cuyo medio se tenía siempre la memoria al bienhechor de este pueblo y al mismo tiempo servía de estímulo a sus compatriotas para distinguirse en virtudes, talentos y beneficios si querían ser igualmente distinguidos».

En Albacete capital  se estableció la sede de la Real Audiencia Territorial por Decreto de  26 de enero de 1834 que comprendía las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Murcia. También las  oficinas  de los nuevos organismos como el Gobierno Civil,  que tuvo su sede en una casa de la calle Gaona y posteriormente frente  la estación de ferrocarril; la Delegación de Hacienda se estableció en el convento de Justinianas;  la administración de Correos en la calle San Antonio y Obras Públicas en la calle Boticarios.

La nueva división provincial se va convertir en el soporte de la nueva reorganización administrativa, judicial, fiscal y militar de España. La Diputación se va convertir en el  órgano de gobierno de la provincia.

Esta división provincial llevada a cabo por Javier de Burgos a los pocos meses de fallecer Fernando VII,  ha sido enjuiciada negativamente por algunos estamentos como el de los geógrafos,  quienes señalan que se trata de una división artificial que no tuvo en  cuenta la geografía y la historia. Sin embargo, es necesario señalar que esta fue el resultado de un proceso que, aunque basándose en la división del Antiguo Régimen, se inicia en las Cortes de Cádiz, Trienio Liberal y culmina en 1833.

pervivencia. Así permanecerá, salvo las modificaciones que se hicieron,  hasta 1981 cuando se aprobó el nuevo mapa autonómico por el que España queda vertebrada en diecisiete comunidades autónomas,  más Ceuta y Melilla. Una nueva división que contempla la Constitución de 1978 y que recoge nuevos planteamientos regionalistas y nacionalistas que tienen por finalidad superar el centralismo dominante, administrativo y político.

Finalmente, señalamos que esta reforma territorial llevada  a cabo en 1833 superó a las anteriores,  que supo conjugar  elementos progresistas con los tradicionales,  pues, como bien ha señalado el profesor Vilar, de la Universidad de Murcia, «logró un difícil equilibrio entre los criterios básicos históricos y la atención a otros naturales de tipo geográfico, económico o cultural, y a los puramente funcionales y administrativos». De aquí su dilatada pervivencia.