En plena crisis de suministro en el Reino Unido, el primer ministro británico, Boris Johnson, avisó ayer a las empresas que deben adaptarse a la realidad posBrexit y esforzarse por atraer a mano de obra nacional en lugar de depender de extranjeros, aunque ello suponga un desabastecimiento «a corto plazo». 

A pesar de la escasez de combustible en las gasolineras por falta de transportistas y de personal en sectores como el cárnico o la hostelería, Johnson insistió en que no existe «ni una crisis laboral como tal ni de distribución», sino que la economía británica, a su juicio, está experimentando «la presión» que sufriría «un gigante que se levanta» tras el letargo por la pandemia. 

El país, insistió, se encuentra en un «punto de inflexión» para dejar atrás un sistema que dependía de «mano de obra barata y poco cualificada» foránea, en favor de una economía «con sueldos y cualificaciones altos».

«Si miramos la productividad del Reino Unido, hemos estado por debajo de nuestros mayores competidores durante más de dos décadas y eso es porque tenemos un enfoque basado en salarios y costes bajos y las empresas no invierten en formación o servicios», argumentó, poniendo como ejemplo el sector de los transportistas, del que dijo que, al no mejorar la paga ni invertir durante años en facilidades para su bienestar, se ha quedado «sin gente joven en el país que quiera convertirse en camioneros».

«Esto va a cambiar y será positivo», apostilló al respecto.

Además, explicó que el Ejecutivo británico ha pedido al sector del transporte por carretera facilitar el nombre de conductores extranjeros a los que les gustaría ir al Reino Unido, pero por el momento solo se han presentado 127. «Lo que muestra que la escasez es global», indicó.

«Este Gobierno está haciendo las cosas difíciles y a largo plazo. Culminamos el Brexit, que fue una cosa muy difícil de hacer, y ahora vamos a abordar los grandes asuntos subyacentes a los que se enfrenta el Reino Unido», agregó el mandatario conservador. 

Por otro lado, el premier descartó convertir la misoginia o aversión hacia las mujeres en un delito de odio en el país, al considerar que ya existe «legislación abundante» para confrontar esa lacra social.