La brecha digital era una realidad enmascarada por la ignorancia. El cierre absoluto de la administración pública durante el confinamiento y la organización del trabajo con grupos burbuja o desde casa, la ha devuelto al lugar que le corresponde y ha puesto en evidencia que la burocracia digital no se puede implantar sin una formación previa ni unos recursos adecuados para toda la población.
La crisis sanitaria primero, y la económica después, derivada de la primera, ha agravado la situación económica y social de buena parte de la comunidad gitana que vive en Albacete. La clase media baja que reside en barrios marginales se está enfrentando a situaciones nunca imaginadas, con una economía familiar desastrosa que los está condenando a la ayuda pública y a la caridad. Se trata de familias que antes de la pandemia tenían trabajos en precario, algunas dedicadas a la economía sumergida, otras a la venta ambulante, vidas que han terminado por romperse desde la pandemia pues ahora ya no pueden ni cubrir sus necesidades más básicas.
«La gente ha venido llorando, porque aún con dificultades y necesidades, antes de la pandemia tenían lo básico para seguir viviendo, podían salir a la calle para darle de comer a sus hijos», dice la coordinadora provincial de la Fundación Secretariado Gitano en Albacete, Encarna Ballesteros. Sin embargo, el Covid lo recrudeció todo, hasta tal punto que la atención que presta esta Fundación se ha disparado un 300% en este año de pandemia.
Lo curioso es que ha sido una atención vinculada a gestiones administrativas para solicitar empleo, una ayuda económica pública de emergencia, el Ingreso Mínimo Vital, alimentos… El problema es que parte de la comunidad gitana no tiene la formación ni los recursos suficientes como para gestionar estas solicitudes ni la recopilación y entrega de documentos para solucionar su relación con la administración. Ante el cierre absoluto de esta y las situaciones tan sangrantes que estaban viviendo, «la gente vino a la puerta de la Fundación para que le solucionásemos su problema, porque no sabe pedir una cita por internet y ahora es casi obligatoria en cualquier administración», advierte Ballesteros, quien asegura que esa relación vía internet está generando barreras de acceso a una parte de la población gitana que no tiene posibilidades de tener dispositivos informáticos ni móviles en sus familias. «No todas las personas, sean payas o gitanas, están preparadas ni tienen los medios para mantener esa relación virtual con la administración», lamenta.
La situación ha desbordado de trabajo a la plantilla de la Fundación Secretariado Gitano, que se ha hecho responsable de la gestión de los trámites burocráticos que le ha ido solicitando la comunidad gitana de Albacete, algunos incluso para pedir alimentos de primera necesidad. «Parece que en las colas del hambre llegas con tu carro y esperas a que te toque, pero hasta que consigues llenar ese carro de comida necesitas cumplimentar muchos papeles y hacer muchos trámites».
Desde junio de 2020 hasta la fecha, la Fundación Secretariado Gitano ha tramitado hasta 200 peticiones para recibir el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda anunciada a bombo y platillo por el Gobierno de Sánchez, pero que mayoritariamente se está denegando incluso «por tonterías, como no subir a la web de la Seguridad Social todos los documentos nacional de identidad de la unidad familiar a color».
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