El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha advertido que los caudales ecológicos propuestos actualmente en el Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI) de la cuenca del Tajo, unidos al agravante de las demandas del Canal de Isabel II, «significarán el cierre del grifo del trasvase» y un «aumento inmediato» de las tarifas que deben pagar los agricultores, las empresas y los hogares del Levante.

Esto va a significar, según Jiménez, que «va a haber una disminución de agua para abastecimiento de un 18% y para regadío de un 21%», pero los precios «se van a mantener inalterables». El efecto va a ser «doble» porque, para compensar esa reducción, los hogares, las industrias y los comercios «van a tener que consumir un plus de agua desalada con un incremento de los precios que todos los ciudadanos del Levante van a pagar en sus mensualidades».

El Scrats tiene trabajando a su gabinete jurídico trabajando sobre la base de estudios técnicos de «prestigio internacional» y esa labor está «muy avanzada» porque el 30 de octubre concluye el plazo de alegaciones al EpTI del Tajo.