Residir en una zona en riesgo de despoblación podría tener en breve beneficios fiscales en Castilla-La Mancha. Recién terminada la comisión sobre despoblación en las Cortes regionales, La Tribuna ha tenido acceso al borrador de la ley que la Junta está presentando a los agentes sociales. Un documento que plantea incentivos fiscales específicos para los habitantes de estas áreas rurales.

Aunque el borrador no concreta qué impuestos se van a bonificar ni en qué cuantía, sí se habla ya de beneficios fiscales tanto en los tributos propios de la Junta, como en los tributos cedidos por el Estado a la comunidad. En este último caso, podría suponer el establecimiento de deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y tipos reducidos, bonificaciones o deducciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

De salir adelante esta medida, se cumpliría una de las demandas más repetidas por el casi medio centenar de colectivos que a lo largo de los últimos meses han ido pasando por el Parlamento autonómico para explicar sus propuestas sobre cómo afrontar el actual reto demográfico al que se enfrenta gran parte del territorio autonómico.

La Junta también se plantea usar la herramienta de la contratación pública «como instrumento para luchar contra la despoblación». En concreto, este borrador propone que «los órganos del sector público regional, en el marco de la normativa vigente en materia de contratación pública, velarán por la incorporación en los pliegos (...) de requisitos y características específicas sociales y medioambientales que redunden en la mejora del medio rural, propiciando las adquisiciones de proximidad, la utilización de productos locales, ecológicos, frescos y de temporada, así como productos amparados por figuras de calidad diferenciada regional». O lo que es lo mismo, se primarán a las empresas locales y sus productos a la hora de firmar un contrato con el Gobierno regional.

En esta línea, también «se procurará adaptar el tamaño de los contratos y su duración, para facilitar la participación en los mismos de las pymes, micropymes y personas trabajadoras autónomas locales», según reza el borrador de esta ley regional contra la despoblación.

En materia de empleo, se propone poner en marcha un programa ‘Retorno del Talento interno’, para facilitar a los titulados castellano-manchegos su asentamiento en zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, fomentando su contratación, su actividad emprendedora o la continuidad de su formación profesional.

El autoempleo y la ‘cooperativa’ son dos conceptos que se repiten en este borrador. Dos conceptos que se quieren vincular a los nuevos nichos de oportunidades que a día de hoy ofrecen las nuevas tecnologías, la gestión medioambiental, el turismo o los servicios de proximidad y de atención a personas dependientes o en situación de vulnerabilidad.

Sin olvidar, claro está, las necesidades básicas. En este sentido, se apuesta por establecer ayudas específicas para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad, mediante la financiación de actuaciones vinculadas a establecimientos comerciales. Además, se apoyará la modernización de los equipamientos públicos comerciales de los pueblos, así como de las ferias y puestos ambulantes.

Este borrador confirma un sistema de complementos a las ayudas y subvenciones que hayan obtenido de la Administración General del Estado las empresas ubicadas en el medio rural. Un apoyo económico que se completaría con la puesta en marcha de «instrumentos financieros específicos para el apoyo a las iniciativas que se implementen en las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación».

La digitalización y la administración digital son claves a la hora de entender este borrador de ley. De este modo, «se garantizará la accesibilidad a la tramitación telemática a la generalidad de la ciudadanía a través del medio del que disponga» y se promoverá la simplificación normativa y administrativa, con el fin de facilitar el desarrollo de proyectos e iniciativas públicas y privadas que contribuyan a la revitalización económica y social de las zonas rurales.

El objetivo del Gobierno regional es poder llevar un texto definitivo a las Cortes antes de que acabe el año, con el objetivo de tener lista esta ley antes del próximo verano. Se verá.

Una Bolsa de Vivienda Rural facilitará comprar o alquilar

La vivienda es uno de los tantos problemas invisibles del medio rural. Y es que, tal como se ha visto estos meses en la comisión parlamentaria contra la despoblación, encontrar casa en los pueblos no siempre es tan fácil como a priori pudiera parecer.

El borrador de la futura ley regional contra la despoblación trata de abordar este problema a través de la creación de una oficina de fomento de la vivienda rural, encargada de gestionar una Bolsa de Vivienda Rural, que permitirá conectar a las personas demandantes de vivienda con la oferta existente.

Además, se quiere poner en marcha  una tipología propia de Vivienda Rural Protegida, para preservar la peculiaridades arquitectónicas del ámbito rural.

En esta línea, se plantea también fomentar la reutilización de viviendas ya existentes vía ayudas a la rehabilitación, preservando así la arquitectura tradicional, y la declaración de áreas de rehabilitación de los pueblos con objeto de recuperar y conservar su identidad.

La Junta se plantea ‘bonificar’ a los funcionarios que decidan mudarse a áreas despobladas

Castilla-La Mancha incentivará a los empleados públicos que decidan marcharse a vivir y trabajar al medio rural, según se recoge en el borrador de la futura ley de despoblación regional.

En concreto, se plantea «la adopción medidas específicas para puestos de difícil cobertura en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación».

Medidas aún sin concretar, pero que  podrían consistir «en incentivos administrativos, profesionales o económicos para el personal que realice su actividad profesional y resida en zonas rurales», así como en otros incentivos que promuevan la provisión de puestos de trabajo en dichas zonas, según reza el citado borrador, al que ha tenido acceso La Tribuna.

Esta medida está implantada ya en países como Portugal y es vista con buenos ojos por muchos de los colectivos implicados la lucha contra la despoblación, como ‘Manifiesto por Cuenca’. Según esta organización, más de 46.000 empleos públicos podrían ‘deslocalizarse’ hoy al campo en toda España.   

Asimismo, la Junta se plantea el reto de adoptar «medidas específicas» con el objeto de propiciar en las zonas rurales la estabilidad del empleo público, preferentemente en el ámbito docente, sanitario y social.