Miembros de la Plataforma de la Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha han pasado la noche frente a la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, para reclamar la «seguridad jurídica» que dicen les corresponde tras la modificación de la Orden del Plan de Desarrollo Rural de 2015, y que denuncian que les ha dejado sin las ayudas que se les prometieron entonces en algunos casos, y se les ha reducido en hasta un 70 por ciento en otros.
Así lo manifestó ayer el presidente de la Plataforma, Anastasio Yébenes, junto al TC donde instalaron una carpa para pernoctar en la esquina de la calle Doménico Scarlatti con Isaac Peral. «Entendemos que si no viene dinero de Bruselas no se nos den esas ayudas, pero ese dinero ha venido» se quejó Yébenes, recordando el presupuesto comprometido por el Comisario europeo Phill Hogan «que es exactamente el mismo que el anterior».
Los miembros de la Plataforma por la Agricultura Ecológica desplegaron una pancarta en la que reivindicaban esas ayudas para su actividad por su futuro y el de todos nosotros, después de haber recorrido varias instancias judiciales como la del Tribunal de Albacete, donde iniciaron este periplo, y hasta el Tribunal Supremo pasando por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Instancias que les han negado la razón.
Ahora piden amparo al Constitucional «para que anule esa sentencia». «Solo pedimos justicia», por lo que a lo largo de la mañana de hoy entregarán un escrito en el registro, junto al recurso formal, rogando que se revise el asunto «después de pasar aquí la noche en vela, como las otras muchas que ya nos han hecho pasar con las medidas que han tomado con nosotros».
A partir de las cinco de la tarde de ayer se juntaron junto a Anastasio Yébenes otros tres compañeros, que se pusieron a montar la tienda en la que pasar la noche tras comprobar junto a la Policía Nacional los permisos para hacerlo, y discutir «amigablemente» con la farmacia de la esquina que se quejaba de que la carpa iba a dificultar el paso a sus clientes. No obstante, confiaban en sumar ente 12 y 15 compañeros para pasar la noche.
«Pero no solo hacemos una reivindicación a través de la Justicia porque entendemos que han violado nuestra seguridad jurídica» ahondó el presidente, que informó de que mantienen conversaciones con el consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades, Francisco Martínez Arroyo, y con el propio presidente a los que reprochó que «se les llena la boca de hablar de agricultura ecológica pero luego no la apoyan».
Yébenes extendió su crítica a las organizaciones agrarias como Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias que «no nos apoyaron», mientras que ellos sí siguen cobrando «religiosamente» las subvenciones que se les otorgan, así como a la empresa pública Geacam, «un monstruo que se traga buena parte del dinero del PDR, unos 50 millones anuales», dinero que específico una parte sí que está justificada para los incendios forestales pero otra que no.
El presidente de la organización cifró en unos 120 millones de euros las ayudas que están pendientes de abonar a estos agricultores ecológicos desde que se inició el litigio.