Asaja Castilla-La Mancha ha solicitado al Gobierno regional recuperar la figura de la Comisión Regional de la Competencia con el objetivo de luchar contra el fraude, perseguir la posición de dominio de la industria y proteger los productos agrarios y ganaderos de la región.

La organización agraria ha subrayado que, durante los tres años de vigencia, de 2008 a 2011, la Comisión atendió todas las demandas presentadas por Asaja, investigando, instruyendo y, en su caso, imponiendo las sanciones y multas coercitivas a las entidades que alteraban el mercado de forma contraria a la libre competencia, ha informado la organización agraria en un comunicado.

Algunos de los procesos de investigación fueron motivados por las sospechas de prácticas fraudulentas y de competencia desleal por parte de algunas industrias en las cadenas agroalimentarias del champiñón, el azafrán, la leche de oveja y cabra o el girasol.

Más repercusión tuvo incluso las inspecciones de bodegas de Valdepeñas en los años 2009 y 2010. Desde esta organización agraria se denunció en aquella ocasión que los grandes industriales de vino de la región habrían podido acordar precios, práctica prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia por ser contraria a las normas del libre mercado.

Entonces, la Comisión Regional de la Competencia, tras detectar indicios, abrió procedimiento sancionador y dio traslado a la Comisión Nacional de la Competencia. Como resultado, en 2012 se impusieron multas por valor de más de un millón de euros a tres asociaciones de productores de vino de las denominaciones de origen de Valdepeñas y Castilla-La Mancha por conducta anticompetitiva al fijar el precio de la uva.

Por ello, Asaja Castilla-La Mancha ha planteado al Gobierno regional la posibilidad de crear un órgano de estas características, pues, en un sector como el campo, donde los productores siguen siendo el eslabón más débil de la cadena alimentaria, es muy necesario un órgano cercano que vele su seguridad.

Cabe recordar que este organismo fue suprimido en 2011 por el entonces recién estrenado Gobierno de Cospedal, dentro de su paquete de medidas de ajuste. Como se justificó en ese momento, «en el contexto actual de crisis económica, la Comunidad de Castilla-La Mancha tiene como prioridad el ahorro en gastos corrientes y personal, siempre que se mantenga el servicio que se presta a los ciudadanos».