La interrupción voluntaria del embarazo no es un acto heroico, ni un pasatiempo, ni una decisión fácil, ni por supuesto un momento agradable para ninguna mujer. Por muy convencida que se esté. Al fin y al cabo, es una intervención médica, en muchos casos quirúrgica con anestesia general, y como otras, entraña sus riesgos, dificultades y sentimientos de preocupación. Además, esa decisión ‘voluntaria’, puede estar atravesada por múltiples razones, que a día de hoy siguen se experimentan bajo el estigma y la culpabilización. Porque así sucede en esta sociedad tan hipócrita. El día que haya un #metoo sobre el aborto….. Por eso, ninguna mujer deberíamos someternos a un grado más de señalamiento y presión por parte de quienes acuden a las puertas de las clínicas a manifestarse en contra. A llamarnos asesinas, a enseñarnos imágenes de fetos, ataúdes, a hostigarnos impidiendo el libre ejercicio de un derecho y acceso a una prestación sanitaria. ¿Se imaginan a grupos religiosos contra la donación de órganos o de sangre sermoneando y criticando a las puertas de los hospitales? Claro que no.
Algo hemos avanzado. En la Edad Media te quemaban en la hoguera. Las curanderas, sanadoras, parturientas, las brujas que los practicaban ardían ante hordas de reaccionarios e inquisidores. Y esta semana, mientras el Congreso convertía en delito específico este acoso como ya ocurre en Francia, con la oposición de Vox y el PP, un diputado de la ultraderecha llamaba bruja a la diputada del PSOE que presentaba la propuesta. Este es el nivel. Y el PP que no pierde oportunidad en dejar claro que Vox es de los suyos. Quizá hayan olvidado que el intento de devolvernos a décadas atrás en materia de aborto, les costó un Ministro. Las mujeres no estamos dispuestas a retroceder ni a que sigan mangoneando nuestros úteros quienes limitan nuestros derechos sexuales y reproductivos. Aquellos que demuestran un día sí y otro también, lo poco que les importan las vidas de la mayoría.
El aborto ha existido siempre. Y el mayor avance fue que todas las mujeres pudiéramos acceder en condiciones de equidad al sistema público de salud para garantizar una atención sanitaria adecuada. Lamentablemente hay mujeres en otras partes del mundo que están muy lejos de haberlo conseguido, pero aquí en España, esa equidad se ha puesto en entredicho por las trabas inexplicables que algunas comunidades autónomas mantienen. En nuestra región, Toledo, Cuenca y Guadalajara son, junto a una decena de provincias más, territorios en los que no se practican abortos en sus hospitales públicos y tampoco existen centros privados, por lo que las mujeres debemos marchar a otra comunidad. Algo hemos avanzado. Hasta finales del siglo XX viajábamos a Londres a abortar (quienes se lo podían permitir), ahora tenemos que ir a Madrid. ¿Qué está pasando? ¿Es que desde que se despenalizara el aborto en 1985 y desde que en 2010 se generalizara como prestación pública del sistema de salud, no ha habido ni hay ningún profesional sanitario dispuesto a practicar una IVE? ¿A todos se les ha preguntado y por escrito han acreditado su objeción de conciencia? No parece que esto haya pasado, por lo tanto, alguien está incumpliendo u obstaculizando la ley. La objeción de conciencia es individual y debe registrarse, y por supuesto excepcional, ya que no puede impedir el acceso a la prestación sanitaria. Nunca puede ser institucional, de un centro hospitalario ni mucho menos de un sistema global. Un país serio y democrático abordaría toda cuestión sobre salud sexual y reproductiva de manera profesional, huyendo de los dogmas religiosos y preceptos morales e ideológicos. Al menos respetando la legislación vigente y respetando el ejercicio libre de sus derechos.