La Consejería de Agricultura acaba de poner sobre la mesa el primer borrador de la futura Ley de la Viña y el Vino. Un texto que la Junta quiere tener aprobado antes de final de año y que, a diferencia de normativas anteriores, habla de control, de lucha contra el fraude, de trazabilidad y de cadena alimentaria. Ahora le toca dar su opinión al sector, que tiene hasta el jueves para presentar alegaciones.

La patronal agraria Asaja es quien más ‘peros’ pone al texto en estos momentos. «Se parece mucho a otras leyes que no han funcionado», apunta su secretario general, José María Fresneda, en alusión a la derogada normativa de 2003. Ademas, es un texto «demasiado abstracto, nos hubiera gustado una ley más valiente», máxime ante el «derrumbe histórico del consumo interno como consecuencia del Covid-19». Como advierte, «la situación hoy se puede definir como una de las más trágicas de los últimos tiempos para los productores, que son los únicos que pagan siempre las consecuencias».

Fresneda es claro en este sentido: «Lo que no cambie la Administración lo va a cambiar el Covid, y será para mal». Y lanza aquí un mensaje a navegantes, avisando de que esta ley no puede ser «una cortina de humo» para «tapar el problema» de sobreexistencias de vino que hay hoy en las bodegas de la región.

Pero, ¿qué es lo que no le gusta a los agricultores? La principal batalla parece que va pasar por concretar las medidas contra el fraude, «que es mucho y muy grande».

«La trazabilidad del vino tiene que ser exquisita», insiste Asaja, que califica de «generalista» el trato que se da al fraude en esta ley. «Hay que poner en negro sobre blanco en qué consiste el fraude, el grande, el mediano y el extragrande, si no vamos mal», avisa ya la patronal. Como denuncia Fresneda, el texto no dice ni cómo ni quién controla aspectos como el origen de las uvas, el rendimiento de las parcelas o los libros de bodegas.

Para Asaja, en la propuesta de Agricultura faltan mucha cosas. «No dice nada de simplificar la normativa del viñedo, no se habla de límites de producción, ni de control de rendimientos», se insiste. Por no hablar de que esta ley no concreta nada sobre cómo garantizar un precio justo a los agricultores, que cubra los costes efectivos de producción.

La UPA coincide con Asaja en la necesidad de ser más tajantes contra el fraude, si bien hace una valoración positiva del grueso del borrador. Su responsable regional, Julián Morcillo, incide en la necesidad de «afinar cuanto más podamos en el tema del fraude y de la trazabailidad». Como recalca, «las sanciones tienen que ser ejemplarizantes, para que la gente se lo piense dos veces antes de hacer las cosas mal».

La Asociación de Enología de Castilla-La Mancha, como Asaja, tampoco está muy convencida con el texto que está ahora mismo sobre la mesa. «No es una ley valiente ni de futuro, no hay detalles, no se han complicado la vida a la hora de redactarla, parece que la haya escrito un abogado y no un técnico».

Y como ejemplo, su presidente, Alfonso García Cámara, apunta errores de bulto como que se defina al vino «como el producto de la fermentación total o parcial de las uvas». «El vino no sale de las uvas, sino del zumo exprimido de las uvas, el vino se produce de la fermentación del mosto», explica.

En materia de fraude, García Cámara incide en aspecto como el de que nadie «controla» ni se «responsabiliza» de la trazabilidad en esta propuesta.

A su juicio, en esta ley se hablará de fraude «porque el año pasado tuvimos un escándalo con la importación de zumos de mandioca y papaya de Brasil para transformalos en vino, y se armó la marimonera». Una tema que, como lamenta, «es recurrente, cada seis u ocho años hay un escándalo de este tipo».

Esta ley «es flojísima», «no busca el análisis de la trabazabilildad, el origen de los azúcares, de dónde han venido», critica. Además, las sanciones no son proporcionales, «aún con una multa se logra sacar beneficio con el fraude, si se hace bien», alerta.

García Cámara pide poner en valor la figura del enólogo, que en esta ley no tiene el hueco que, en su opinión, debería. Tanto es así, que en su definición no se vincula la profesión al grado universitario «que dice que eres enólogo».

«El pasado verano le presentamos al consejero un informe legal sobre la necesaria presencia de los enólogos en las bodegas, pero fue como predicar en el desierto». «Luego cuando pasan las cosas, cuando hay desastres o alertas alimentarias, que no se entere nadie», denuncia, y esto «va a resentir a la economía regional». Una economía que, según los enólogos, dependen en casi un 20% del sector del vino, incluyendo aquí toda su industria auxiliar.

Desde la Asociación de Enología se defiende que «el sector vitícola tiene que aprender a autoreugalrse, no puede ser que sigamos produciendo en función de clima». Y cita aquí «lo bien que lo ha hecho la interprofesional del melón y de la sandía, que decidió reducir un 25% su producción y es el año que más ha ganado, porque ha gastado menos y ha subido algo el precio del producto».

También lamenta que este texto no apueste por variedades como el airen, típica de la región «y que tiene bonito hasta el nombre», y sea conservador a la hora de hablar de cuestiones como el envejecimiento en barrica.

Para García Cámara, los tiempos de ‘crianza’ y ‘reserva’ que introduce esta ley son los que «se inventaron los riojanos hace 50 años». «Hoy los enólogos podemos imitar el proceso y nadie sabe si un vino ha sido envejecido o no en barrica». Más aún cuando se tienen que competir con vinos como los californianos, los chilenos o los neozelandes, «que lo hacen así y que cuentan con una tecnología que ha superado a la nuestra».

Otra de las novedades de esta ley pasa por la creación de una Interprofesional del Vino de Castilla-La Mancha y que la Junta plantea como uno foro donde tomar decisiones, como la de decidir cuánto vino, cuánto mosto o alcohol de uso de boca se quiere hacer en cada momento en la comunidad.

Si bien la patronal de las bodegas, Fevin, se ha negado a colaborar en la realización de este reportaje, cabe recordar aquí que esta organización no ha sido nunca una entusiasta de la idea de crear una interprofesional regional.

Como tampoco lo es a día de hoy Asaja. Como explica Fresneda, «hace unos años en Valencia se quiso sacar una interprofesional del vino también y no se puedo». Sobre todo si ‘copia’ el modelo de la interprofesional estatal, «que está controlada por quien está controlada y no atiende a las necesidades del sector».

Hace apenas tres semanas, la patronal agraria se quejaba de «la inacción de la Interprofesional del Vino de España como un instrumento al servicio del sector porque, en un momento crítico como el actual, debería estar promoviendo actuaciones y desarrollando un trabajo conjunto con los diferentes agentes que la forman, en vez de asistir con parsimonia a esa agonía».

Desde UPA, en cambio, sí se está a a favor de esta interprofesional. Como se apunta desde esta organización, «era una de nuestra reclamaciones», «por nuestro volumen de producción con respecto al resto de España, sería más fácil organizarnos en una interprofesional centrada en los problemas de Castilla-La Mancha».

Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha prefiere no mojarse de momento. En líneas generales, está organización está acuerdo y respalda la iniciativa de la Consejería en impulsar una Ley de la Vid y el Vino en la región, «ya que por la importancia que tiene este sector, puede ser beneficioso darle un impulso y dotarle de herramientas, que lejos de coartar nuestra competitividad, sirva para adaptar nuestra vitivinicultura a un mercado global en profundo cambio», comentan a La Tribuna.

Como insisten, «estamos en un período de análisis y estudio del borrador, antes del 19 realizaremos las primeras aportaciones al texto». Se verá.