El dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos que la oposición tachó de "demoledor" tiene como común denominador su preocupación por la "eliminación o modulación de mecanismos de control" en la contratación administrativa, los convenios o las subvenciones previstas al amparo de esta norma.

El informe no se conocía cuando el 28 de enero el Congreso convalidó el decreto ley, para lo cual fue imprescindible la abstención de Vox, pero posteriormente el PP y Ciudadanos revelaron su existencia y reclamaron al Ejecutivo que lo publicara, tras afirmar que su contenido era muy crítico.

El documento, de 97 páginas, incorpora diversas observaciones, algunas calificadas de "esenciales" por el máximo órgano consultivo, y a las que da gran relevancia al advertir que la UE desempeñará un "papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos" asignados bajo cobertura del decreto.

Son 140.000 millones de euros los que la Unión Europea pondrá a disposición de España hasta 2026 para ayudar a la recuperación económica tras la crisis de la pandemia, de los que 72.000 serán en ayudas directas a fondo perdido.

Así, explica que sus observaciones "con frecuencia tienen como denominador común la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".

Y ello porque "sin duda la observación más relevante se refiere a la supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones", según refleja el dictamen.

Porque, si bien admite que el contexto actual de crisis sanitaria, social y económica "demanda una cierta modulación de las exigencias derivadas del principio de estabilidad presupuestaria", ello, advierte, no debe conducir "a una eliminación de todos los controles de naturaleza económico-presupuestaria".

También alerta de la supresión, con carácter general, de la autorización de la ministra de Hacienda, una práctica que "no parece aceptable".

Justifica el Consejo de Estado sus puntualizaciones para "lograr un elevado nivel de seguridad jurídica y económica de las medidas que puedan adoptarse para la gestión de los fondos europeos".

Y cita como "especialmente relevantes" las relativas "a la necesidad de recabar todos los informes preceptivos que se determinen legalmente" antes de resolver los procedimientos y fiscalizar los expedientes financiados con estos fondos.

De hecho, no oculta su "severa crítica" porque el Gobierno no haya incluido en el expediente informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que le habría permitido evaluar mejor sus medidas.

El dictamen reclama "una correcta tramitación de los proyectos normativos" para que sus medidas "estén debidamente justificadas y ponderadas" y llama la atención por la "ausencia" de "toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control".

Por ello considera "esencial" dar una "explicación detallada" de las razones que sustentan esta flexibilización.

En la misma línea, ve conveniente "un estudio, aunque sea aproximativo, del impacto presupuestario de las medidas previstas", toda vez que se "incumple" la exigencia de este impacto, que aunque resulte "difícil" de cuantificar en el actual contexto sí considera "importante" para "preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos".

Otro aspecto que suscita reparos en el Consejo de Estado es que se califiquen como "modificaciones contractuales" las nuevas unidades incorporadas a los contratos de obras y solicita "reforzar los mecanismos de supervisión" de los proyectos de obras, todo ello contando "con plazos suficientemente amplios para realizar las evaluaciones ambientales con todas las garantías".

Desde el punto de vista normativo, el dictamen hace notar que "hubiera sido deseable una mayor concreción del ámbito de aplicación" de los títulos competenciales.

Y reseña la problemática derivada de que el decreto contenga previsiones de aplicación exclusiva a la Administración General del Estado y al sector público estatal "y que, por tanto, no deben tener carácter básico".

En todo caso, el máximo órgano consultivo manifiesta que "más allá de las concretas observaciones" formuladas en su informe, "el proyecto merece en su conjunto una opinión favorable".

Además, tratándose de una "oportunidad histórica para España", afirma que es preciso que para que la gestión un éxito hay que mantener "un riguroso control en cuanto a la asignación de los fondos y su vinculación a los fines para los que sean concedidos".

España, el país de la UE más retrasado en la ejecución de los fondos

España había ejecutado hasta el final de 2020 el 43% de los fondos europeos estructurales y de inversión que tiene adjudicados para el periodo 2014-2020, lo que supone la menor tasa de absorción de la Unión Europea (UE), pese a la mejora respecto al 33% que había ejecutado hasta finales de 2019.

Sin embargo, el porcentaje de fondos que ya se han atribuido a proyectos concretos -aunque aún no se hayan ejecutado- aumentó del 73% al 93% en 2020 y España aún tiene hasta 2023 para gastar la totalidad de su asignación.

Esta asciende a 56.552 millones de euros para el periodo 2014-2020, de los que 39.927 millones salen del presupuesto comunitario y el resto es aportado por España como cofinanciación nacional.

En concreto, España ha gastado ya 24.040 millones de euros (43% del total) en fondos estructurales y de inversión y asignado 52.461 millones (93%) a proyectos seleccionados, según datos del portal sobre fondos de cohesión de la Unión Europea.

En la UE, la media de ejecución subió del 41% en 2019 al 56% en 2020, con lo que los países han gastado en total 356.396 millones de euros de los 639.776 millones previstos para todo el periodo, que ya se han programado en su totalidad.

Los países más avanzados en la ejecución son Finlandia (82%), Irlanda (76%), Austria (75%), Luxemburgo (74%) y Suecia (70%); mientras que los más rezagados, además de España (43%), son Eslovaquia (45%), Rumanía (49%), Croacia (49%), Bélgica (50%) y Dinamarca e Italia (51% ambas).

Las bajas tasas de absorción de fondos europeos en algunos países son una de las preocupaciones de Bruselas respecto a la implementación del fondo de recuperación poscovid, que obligará a los Estados a ejecutar montantes mucho más abultados (unos 70.000 millones solo en subvenciones en el caso de España) en periodos más cortos de lo habitual, desde mediados de 2021 hasta 2026.

Si se consideran solo los fondos desembolsados por la UE, sin tener en cuenta la cofinanciación que aportan los países, España ha ejecutado -pagado a los beneficiarios- hasta el 1 de marzo de 2021 el 50% de los mismos, es decir, 19.773 millones de los 39.927 millones que tiene asignados.

En este caso es la cuarta tasa más baja de la UE, solo por delante de Eslovaquia (48%), Malta (48%) y Croacia (46%); mientras que Finlandia (84%), Irlanda (82%), Austria (78%) y Luxemburgo (75%) registran las más altas.

En el conjunto de la UE, hasta el 1 de marzo se habían pagado el 58% de estos fondos estructurales y de inversión (267.227 millones), lo que supone un fuerte aumento respecto al 40% que se habían ejecutado a finales de 2019.

Para la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, "estos indicadores muestran que estamos en el buen camino en la implementación de la política de cohesión y que para 2023, al final del periodo de programación, habremos aprovechado al máximo los recursos disponibles".

En un comunicado publicado hoy, Ferreira destacó que esta aceleración del gasto en 2020 fue también posible por la flexibilidad que dio la Comisión a los Estados para reasignar fondos para las medidas de emergencia frente a la pandemia.

Como resultado, la UE ayudó a los países a comprar 2.400 millones de equipos de protección personal y 4.500 respiradores, a crear 5.000 camas de hospital adicionales y a proporcionar 3,7 millones de test de covid-19, según cálculos de la Comisión.

En una reciente entrevista con Efe, Ferreira destacó que España ha sido "el país que más ha usado esta posibilidad de transferencia en toda Europa" y que, si bien al principio preocupaba su baja ejecución de fondos entre 2014-2020, "en los últimos meses ha crecido mucho".