Que la pandemia por Covid ha acrecentado la pobreza en España no es ninguna novedad. Si la crisis de 2008 ya dejó más pobres a los pobres y hundió a buena parte de la clase media, la situación de confinamiento y cierre de muchas actividades económicas, junto con la caída del consumo, están condenando aquellas economías familiares que se encontraban al límite.
El mejor termómetro para evaluar la alarmante situación por la que están atravesando muchos vecinos de Albacete son las denominadas colas del hambre que se forman en muchas parroquias y entidades sociales que realizan reparto de alimentos, así como el espectacular incremento de entregas que viene registrando el Banco de Alimentos de esta ciudad. Pero no menos desdeñable es la radiografía resultante de la memoria anual del servicio de mediación jurídica de Cáritas Diocesana, encargado de atender a todas aquellas personas vulnerables, en riesgo o situación de exclusión, que ante la falta de recursos económicos necesitan a los abogados de esta entidad para resolver sus problemas con la justicia, tanto por la vía penal como la civil, o con la administración pública.
Para este servicio, el estado de alarma del 14 de marzo de 2020 por el que se decretó el confinamiento de la población, supuso un punto de inflexión en su intervención, como consecuencia de la paralización de la actividad judicial y de la suspensión de los desahucios, de forma que aunque no estuvieron de brazos cruzados, las actuaciones del servicio jurídico de Cáritas se limitaron entre marzo y mayo a realizar todo tipo de asesoramiento y gestiones telefónicas, si bien desde que se inició junio «todo lo que no pudimos tramitar se quedó en espera y vivimos un segundo semestre cargado de asuntos, tanto civiles como penales».
José Sánchez Sánchez, abogado de Cáritas, hace una observación lógica en virtud de los tres meses de suspensión de actividad en todos los ámbitos de la administración, incluida la judicial. Sin embargo, a la decisión del Gobierno de España de paralizar los lanzamientos de viviendas mientras dure la crisis sanitaria se sumó en junio la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
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