A menudo las personas piensan que en los listados de morosos solo están grandes deudores que deben miles o millones de euros, cuando, en realidad, entrar en este tipo de archivos es muy fácil para una persona normal que deja de pagar una factura bien por falta de liquidez en un momento dado o por que la considera injusta. Así, por ejemplo, un descubierto de 80 euros con una compañía de telefonía o de electricidad bastaría para ser incluido en uno de los 156 ficheros de deudores que existen actualmente en España. 

No importa la cuantía de la deuda, basta con dejar de pagar un mínimo de 50 euros. Estar en uno de estos listados puede ser un gran problema para un ciudadano que se plantee solicitar un préstamo, una hipoteca o, incluso, una tarjeta de crédito o el alta en un servicio como el gas o la electricidad. 

Cada día es más habitual que las entidades investiguen la situación de solvencia y seriedad del cliente antes de concederle un crédito para un comprar un coche, un viaje, una reforma o una vivienda.

Según un estudio realizado por la consultora especializad en morosidad, iMorosity, el 53% de los ciudadanos españoles que figura en una de estas listas negras está por el impago de un préstamo personal, el 40% por deudas relacionadas con su tarjeta de crédito y un 18% por descubiertos en sus cuentas bancarias. Fuera de las entidades financieras, el 40% tiene facturas pendientes con compañías de telefonía y el 9% con empresas de gas o electricidad. Además, muchas de estas personas, tienen más de una carga pendiente, según sostiene Mario Mazaira, responsable de iMorosity.

La consultora subraya que los jóvenes de entre 18 y 30 años suponen el 12% del total de deudores registrados y, de media, tienen 3,3 faltas pendientes por persona. De ellos, el 36% tiene problemas con un crédito personal, el 21% por impago de microcréditos y el 21% por abusos con tarjetas de crédito. Por su parte, los españoles entre 31 y 40 años son los morosos más numerosos, concretamente el 36% del total por impagos pendientes con compañías de telefonía (32%), préstamos personales (26%), tarjetas de crédito (15%), descubiertos en cuenta (15%), microcréditos (7%) y financiación de consumo (5%).

El segundo grupo de edad con más deudas pendientes son los que están entre los 41 y 50 años que representan el 34% del total, seguido de los de 51 a 60 años que suponen el 12% de todo el conjunto.

Cualquier empresa puede registrar a una persona física o jurídica en uno de los ficheros de morosos, aunque son las corporaciones financieras quienes más utilizan los archivos de solvencia y las que más sistemas automatizados manejan en este campo. 

El mayor problema es cuando alguna de estas sociedades está registrada en otro país, algo muy normal en firmas de rocobro y microcréditos y ante algún posible error o subsanación del pasivo surgen inconvenientes que impiden a un ciudadano normal reclamar sus derechos de una forma rápida.

Las consecuencias más inmediatas de estar registrado en una de estas listas envenenadas son, entre otras, la imposibilidad de contratar productos financieros de ningún tipo, no poder dar de alta una línea de teléfono y, en general, dificultades de todo tipo, incluso en el ámbito laboral, ya que pueden pedir judicialmente a la empresa el embargo de la nómina. Pese a que la Agencia Española de Protección de Datos establece el impago de al menos cuatro recibos o mensualidades para activar a una persona o empresa como moroso, muchas compañías les inscriben con solo tres. La deuda deber ser cierta, con arreglo a un contrato y debe estar bien documentada para que se pueda exigir su liquidación y que no exista ninguna prueba que demuestre que es falsa o bien que no ha sido requerida legalmente.

Toda persona inscrita en una de estas listas debe ser informada por la empresa acreedora en un plazo de 30 días y de no ser así, el titular del fichero estaría cometiendo una falta grave que puede ser denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos. El plazo máximo de permanencia en uno de estos ficheros es de seis años y, una vez pasado este tiempo, cualquier persona puede exigir que se retiren sus datos definitivamente. Para hacerlo antes, hay que demostrar que se ha saldado la cuenta pendiente. La compañía, una vez liquidada la factura que reclamaba, tiene 10 días para sacar al cliente del listado. 

Los principales ficheros de morosos en España son el CIRBE, ASNEF y RAI. Cualquier ciudadano puede solicitar información para saber si está o no denunciado.

También puede ocurrir que el importe del pasivo reclamado no sea real o se discrepe de él, para ello, hay que comunicar a los responsables el desacuerdo y aportar toda la documentación precisa. En este sentido, existen sentencias contra estas empresas que se han visto obligadas a pagar grandes cantidades por incluir a una persona por error como moroso.

En muchas ocasiones, el origen de este problema surge cuando a un ciudadano le supera su situación económica y contrae un crédito personal, además del hipotecario, otro para el coche, junto a los gastos retrasados de las tarjetas de crédito... y se ve en un contexto extremo que le lleva a acudir a compañías de reunificación de deudas que, bajo argumentos de que va a pagar menos, lo que sucede es que aplaza el pasivo a más años, lo que significa un proceso más caro en intereses que, además, dificulta hacer frente al descubierto existente. 

Gastos extras. Los expertos recomiendan fijarse en las condiciones que ofrecen estas empresas que se muestran como la solución, en especial en los gastos totales que incluyen facturas por tramitación con altas primas y penalizaciones por pago anticipado. No hay que olvidar que, por ejemplo, las modificaciones de una escritura hipotecaria acarrean pagos de notario, registro, impuestos... etc. a lo que hay que sumar las elevadas comisiones.