La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que depende de la Consejería de Agricultura, ha sacado a licitación una ‘auditoría’ de 423 depuradoras, para que analicen su estado y funcionamiento. Se trata de la continuación de un contrato similar que acabó en octubre de este año. La planificación del nuevo contrato es de doce meses y sale con un presupuesto de 1,4 millones de euros, pero se podrán hacer hasta cuatro posibles prórrogas anuales, por lo que el valor del contrato ascendería a 5,8 millones.

El pliego de condiciones técnicas avanza que con este trabajo se quieren obtener análisis y datos para luego planificar las inversiones más necesarias en depuración de aguas residuales y cumplir así con la directiva europea. Bruselas exige, pero también aporta, pues esta auditoría se podrá cofinanciar hasta el 80% con fondos Feder.

Las depuradoras se clasifican en función de la carga contaminante y en función del área de vertido. La carga contaminante se mide por equivalencia en habitantes. En Castilla-La Mancha hay veinte depuradoras con una carga de más de 50.000 habitantes, lo que exige tomar 24 muestras al año. Aquí están todas las capitales y ciudades grandes, pero también estaciones que cubren áreas pobladas como la de Casarrubios del Monte o la Sagra Centro, en Toledo.

Hay 43 depuradoras con una carga contaminante equivalente a  una horquilla de 10.000 a 50.000 habitantes, para las que se exigen doce muestras al año, otras 189 depuradoras entre 2.000 y 10.000 habitantes, para las que se harán doce muestras el primer año y si todo va bien, cuatro los siguientes, y 171 por debajo de los 2.000 habitantes, con una obligación de tomar cuatro muestras.

En función de la zona de vertido, esta puede ser normal o sensible y eso marca que se hagan análisis más rigurosos. De las depuradoras de las grandes ciudades, vierten en zonas sensibles las de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara,  Toledo y Talavera.