Miembros de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en la Administración Pública, se han concentrado esta mañana frente a las puertas de su delegación en Albacete, en la calle Francisco Fontecha, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Durante la concentración, la responsable provincial de Igualdad del sindicato, María Ángeles González Cruzado, comentaba a La Tribuna de Albacete que "no se están adoptando las medidas necesarias para luchar contra la violencia machista. Entendemos que se están adoptando medidas, pero son insuficientes".
Por eso afirmaba que "nuestra concentración ha sido para reivindicar que no se abandone la lucha y que se hagan efectivos determinados puntos que ya están acordados y en los planes existentes, como la creación de unidades de crisis para la violencia de la mujer, que deberíamos tener una en cada provincia y, sin embargo, en Castilla-La Mancha todavía no se ha empezado a trabajar en este sentido". González Cruzado hacía estas declaraciones, en referencia a los centros de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual, denominados Centros de crisis 24 horas, creados en el plan del Ministerio de Igualdad.
Por otra parte, también anunciaba que las sedes de CSIF contarán con un punto de atención a las víctimas de violencia de género. "Queríamos hacer evidente nuestro compromiso con las mujeres maltratadas, porque hemos creado un punto violeta de violencia machista, que es un punto que al estar dentro de la sede habitual del sindicato, guarda toda la confidencialidad que las mujeres necesitan, porque pueden entrar en nuestra sede y, una vez ya dentro, sin que nadie sepa a lo que vienen, pueden ya dirigirse a nosotros y recibir el trato y toda la información que necesitan, para que su situación mejore".
Durante el acto se ha leído un manifiesto en el que entre otras cosas han reinvindicado que se relance el Pacto de Estado contra la violencia de género y que sea permanente; estructurar en la administración pública programas específicos de formación en asistencia a las víctimas y especialización en los perfiles; incorporar en todas las Administraciones Públicas el protocolo de Movilidad, sin menoscabo de sueldo y promoción profesional, así como incorporar los datos de movilidad de mujeres maltratadas a la Estadística Nacional; impulsar la negociación de los Convenios Colectivos y Planes de Igualdad para el desarrollo de los derechos laborales de las víctimas de violencia machista; reforzar la asistencia jurídica a las mujeres víctimas antes, durante y después del proceso judicial y diseñar una estrategia para detectar dentro del ámbito laboral, tanto en el sector privado como en las administraciones públicas, posibles víctimas de violencia de género, con el desarrollo de la figura del delegado sindical especializada en Igualdad y contra la Violencia de Género.