El Gobierno licitó el pasado mes de septiembre la auditoría privada a las cuentas de la Universidad por 120.000 euros. Calculaba entonces que los trabajos, que ya han comenzado  por parte de la empresa MGI Audicon & Partners SLP durasen cuatro meses para concluir en marzo. Sin embargo, la UCLM ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para iniciar esa auditoría que se convirtió en un punto de fricción entre Junta y Universidad en la negociación del contrato-programa porque la institución académica entendía que las cuentas de la institución académica «están perfectamente auditadas» por una empresa externa, que es pública y está a disposición de quien lo desee, aunque también admitía que no tenía «ningún problema en rendir cuentas». Cuestión de «interpretación».

Ahora la UCLM, tras recurrir ante la propia Junta, eleva el recurso ante el TSJ regional por el que la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas emplazaba a las Cortes «a que si lo considera oportuno, en defensa de sus intereses, comparezca y se persona en el citado procedimiento, en el plazo de nueve días» en un documento al que ha tenido acceso La Tribuna. Hacienda le pone en conocimiento este hecho a tenor del acuerdo del 8 de febrero de 2017 por la que se instaba al Gobierno regional a «realizar una auditoría externa de las cuentas anuales» de la UCLM, «con el objeto de verificar que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de su situación financiera, así como el cumplimiento de la legislación aplicable, evaluando a este respecto la sujeción a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos».

La empresa auditoría ya ha comenzado su tarea en las instalaciones de la institución académica. Y abarcará cuatro ejercicios, de 2014 a 2017. En el caso de 2014 y 2015 ya hay un informe del Tribunal de Cuentas, de modo que la auditoría se tendrá que centrar en los aspectos no analizados por la auditoría de dicho tribunal o bien en aquellos que tengan mucha influencia en las cuentas de 2016 y 2017.

Aunque la auditoría la hará una empresa privada, el pliego de condiciones dejaba claro que la «coordinación, verificación, revisión y recepción del servicio contratado» corresponde a la Intervención General de la Junta, en concreto al jefe de Servicio de Control Financiero del Sector Público, que en estos momentos es David García del Pozo. De hecho, una de las cosas que tendrá que hacer es crear un Equipo de Revisión, con jefe incluido, para que esté pendiente de esa auditoría privada.

El pliego de condiciones técnicas especifica qué tendrá que analizar la auditora, sobre todo, la actividad financiera. Entre otras cosas tendrá que verificar que los costes de personal han sido autorizados por la Comunidad y si se ha necesitado pedir nuevas autorizaciones si se supera. También deberá comprobar que el presupuesto de la Universidad es coherente con el de la Junta. Asimismo analizará las desviaciones presupuestarias.

La Junta pide también que se entre en el detalle de analizar retribuciones adicionales de personal por su participación en cursos de postgrado e investigación. También exige que se mire la oferta de empleo público y su ejecución para comprobar que se ha adecuado a los límites de la normativa básica tanto estatal como autonómica. La empresa auditora tendrá que hallar el porcentaje de personal laboral y de asociados, así como comparar la RPT y la plantilla real. El pliego especifica que en el caso de las contrataciones tocará «verificar su legalidad» y en el caso de que sea temporal «la excepcionalidad y su adecuada justificación».

En el apartado de actividad docente, el Gobierno regional plantea que se analice el número de titulaciones, alumnado (y qué parte es internacional), egresados, etc, mientras que en la investigación, se analizará la estructura y los recursos de investigación de la UCLM y los resultados en sexenios, publicaciones, patentes...

La empresa auditora evaluará también si la gestión de la UCLM en los últimos años se adecúa a «los principios de eficiencia y economía en la gestión de los servicios públicos», comprobar que las inversiones en inmovilizado (instalaciones) se corresponden con los objetivos de la Universidad y revisar a qué ha destinado la Universidad los remanentes positivos de tesorería.