La Junta se reserva 'voz y voto' en el Trasvase

C.S.Rubio
-

Sale a consulta pública previa el anteproyecto de la nueva Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, un texto con el que el Gobierno regional buscar intervenir en todas las decisiones sobre trasvases

La Junta se reserva 'voz y voto' en el Trasvase - Foto: arturo pérez

La Junta de Comunidades vuelve a la carga con su idea de reformar la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha. Primero lo intentó José María Barreda en el año 2011, tras el fracaso de su aspiración de acabar con el Tajo-Segura en el Estatuto regional, y también se coqueteó con la idea la pasada legislatura, cuando las competencias en la materia estaban en manos de Elena de la Cruz, consejera de Fomento. El espíritu no ha cambiado: lo que se busca es garantizar a Castilla-La Mancha voz y voto en las decisiones en torno cualquier trasvase dentro su territorio.  
La Agencia del Agua de Castilla- La Mancha acaba de sacar a consulta pública el anteproyecto de la nueva Ley de Aguas regional. Un primer esbozo que se marca como objetivo el «garantizar la intervención de la Junta de Comunidades en las decisiones sobre transferencias y trasvases de agua que afecten al territorio de la comunidad autónoma». Y es que, como se queja el Ejecutivo autonómico en este documento, a día de hoy la participación de la comunidad es «escasa o nula» en decisiones que afectan directamente a un bien como es el agua.
En esta misma línea, este texto busca los huecos competenciales que Castilla-La Mancha tiene en materia de agua -más bien escasos-, para seguir insistiendo en la necesidad de «avanzar en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua» de la Unión Europea. O lo que es lo mismo, en el uso eficiente y sostenible del agua y, sobre todo, en el mantenimiento de caudales ecológicos mínimos en ríos como el Tajo.
Este documento estará abierto a aportaciones hasta el 31 de enero y en él también se incluye la propuesta de aplica un «canon medioambiental del agua» para hacer frente «a las afecciones al medio ambiente» que produce su uso y su consumo.
Y en materia de vertidos y  depuración, se reconoce la necesidad de «una mayor concreción y claridad de competencias de la Administración regional en relación a los vertidos de aguas residuales a las redes de alcantarillado y colectores».
Cabe recordar que la actual normativa en materia de agua data del año 2002.