Los fiscales aplauden que se les dé la instrucción

Josechu Guillamón
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Creen que para que funcione la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal se debe incrementar notablemente la plantilla, algo que se podría lograr con la transferencia de jueces a la carrera fiscal

Imagen de archivo de un juicio en la Audiencia Provincial. - Foto: José Miguel Esparcia

El anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que debe aprobarse esta semana en el Consejo de Ministros recoge  importantes novedades entre las que destaca la atribución a los fiscales de la instrucción de los casos, una medida que ha sido bien acogida por los representantes de las principales asociaciones profesionales en Albacete, a pesar de que el texto completo aún no ha llegado a sus manos.

Para el representante de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández, la actualización de la LECrim era necesaria, porque la actual es de 1882 aunque ha sufrido reformas, con lo cual está «anticuada». «Nuestra postura es claramente favorable. Nosotros siempre hemos entendido que el rumbo de esa reforma debía ir en consonancia con todo lo que ocurre en los países de nuestro entorno y prácticamente en todos los países europeos la dirección de la investigación se atribuye al Ministerio Fiscal».

Una afirmación con la que coincide el representante en Albacete de la Asociación de Fiscales, Francisco Ramón Sánchez Melgarejo. «Evidentemente el cambio obedece a razones como el Derecho comparado, porque prácticamente todos los países de nuestro entorno atribuyen la investigación de la instrucción al fiscal y también, desde mi punto de vista, obedece a razones de eficiencia».

Sin embargo, desde ambas asociaciones el simple cambio de la instrucción del juez al fiscal no es suficiente, como afirma Sánchez Melgarejo. «Creo que es bueno que se dé la instrucción al fiscal, pero hay que cambiar el modelo de instrucción, porque no puede suponer un mero cambio del juez por el fiscal y evidentemente la Fiscalía debe despojarse de cualquier tipo de sospecha de connotación política y eso pasaría evidentemente y así lo ha sostenido la Asociación de Fiscales, por una desconexión en cuanto al sistema de nombramiento y cese del Fiscal General del Estado por el Ejecutivo». Un cambio que implicaría modificar la Constitución. 

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