Septiembre, con el final del verano, marca tradicionalmente el inicio de un nuevo curso político abriendo la posibilidad de nuevas iniciativas. En el caso de la política agraria, por el contrario, en este nuevo curso solo se puede hablar de punto y seguido y la Política Agrícola Común se mantiene como la principal protagonista con el desarrollo de los trabajos para elaborar el Plan Estratégico por medio del cual ubicar los más de 47.000 millones de euros disponibles para el próximo periodo de siete años que comienza en 2023.

Tras los trabajos llevados ya a cabo en los últimos meses con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas, desde este mes de septiembre se inicia la fase final con el objetivo de tener listo el Plan el 31 de diciembre y que el mismo inicie ya su andadura en Bruselas para estar aprobado cuanto antes. Con ese objetivo, Agricultura contempla llevar a cabo en la primera quincena negociaciones para fijar posiciones sobre diferentes aspectos de ese Plan Estratégico, como la definición de los diferentes tipos de ecoesquemas, a los que se destinarán apoyos por más de 1.000 millones de euros. En los ecoesquemas, Atocha y las comunidades autónomas deberán definir qué tipo de prácticas de laboreo se deberán considerar como tales para acceder a esos fondos. Dentro de esta figura se contemplan pastos extensivos, sistema en la siega de prados, mantenimiento de los márgenes de los ríos, plantación de setos, cubiertas vegetales en cultivos leñosos, la siembra directa o el no laboreo, etc. Además de ello, se deberán definir nuevos marcos para los pagos directos desacoplados y los destinatarios prioritarios de los mismos, así como la ficha de los pagos acoplados que, en principio, no tiene novedades importantes sobre la situación actual. Agricultura contempla decidir por fin la reducción del número de regiones desde el medio centenar actual a solamente una veintena con intención de lograr la convergencia plena de ayudas en una misma región en 2029 tras un debate en 2026 sobre la eliminación de los pagos por los derechos históricos e iniciar pagos por superficie con el objetivo de conseguir que en la actividad agraria de este país cobren lo mismo todos los profesionales que realicen una misma actividad poniendo fin a las desigualdades consolidadas en la reforma de 2014.

Una vez cerrados los trabajos técnicos sobre cada uno de los aspectos parciales de ese Plan, antes de fin de mes se celebrará una reunión de Agricultura con las comunidades autónomas y el sector para un análisis global de todos esos contenidos pensando ya en la redacción final para su debate definitivo en la nueva Conferencia Sectorial que se celebraría en el mes de octubre.

En las negociaciones para redactar el Plan Estratégico, los principales debates, hasta la fecha, se han concentrado en cuestiones económicas que afectan directamente a la distribución o redistribución de los fondos según los objetivos de cada Estado, aunque siguiendo siempre las pautas marcadas por Bruselas. Sin embargo, hay otra serie de condiciones que debe cumplir cada país a la hora de acceder a esos fondos que también deberán estar contempladas en ese Plan, que no son optativas para cada Estado miembro, sino que ya vienen claramente marcadas en estrategias comunitarias como ‘De la granja a la mesa’ o ‘Biodiversidad 2030’: uso reducido de antibióticos, fitosanitarios y fertilizantes, junto a otras disposiciones como las de bienestar animal con supresión de jaulas, eliminación de purines, etc., que debe cumplir el sector y para las que Agricultura deberá articular los suficientes mecanismos de control con las comunidades autónomas.

De acuerdo con ese conjunto de nuevas exigencias medioambientales en materia de laboreo o manejo de la ganadería, producir en el marco comunitario va a ser más caro, para obtener menos producción y menos ingresos, lo que, por un lado, pondría en jaque la autosuficiencia comunitaria en materia de alimentación, con una mayor dependencia exterior y, por otra parte, la posibilidad de nuevas incorporaciones a la actividad agraria, uno de los objetivos de Bruselas, se vería mermada por falta de rentabilidad. Agricultura prepara nuevas disposiciones en esta dirección para el cumplimiento de esas exigencias comunitarias en línea con lo establecido en el proyecto de disposición sobre sostenibilidad de los suelos, en el que se contemplan medidas de control para evitar el abuso en el empleo de abonos inorgánicos, de antibióticos o el mantenimiento y el uso de estiércoles en las granjas y que no acaba de publicarse.

En estos aspectos, será clave el sistema de asesoramiento de las explotaciones, punto en el que jugarán un papel importante las organizaciones agrarias.

El Ministerio de Agricultura tiene pendiente la aprobación de la nueva Ley de la Cadena que, tras su paso por el Parlamento, debería estar lista para el mes de noviembre. La nueva norma recoge lo dispuesto en la legislación actual e incorpora además el contenido de la directiva comunitaria de 2019 fundamentalmente en materia de retraso en los pagos, cancelaciones de pedidos fuera de unos márgenes de tiempo, cambios en los contratos, etc. Agricultura debería analizar cuál está siendo el efecto real de su real decreto por el que se obliga al pago de los productos agrarios a un precio que al menos cubra los costes de producción y replantearse esa estrategia para que fuera efectiva y no unas líneas en el BOE.

Atocha pretende, siguiendo su objetivo de ordenación de las producciones ganaderas, abordar la situación de las explotaciones de vacuno, donde la polémica se concreta especialmente en las destinadas a la producción de leche. Responsables del Ministerio señalan claramente su rechazo a las macrogranjas (concepto sin definir realmente, pero que se cifra habitualmente en más de 10.000 animales). Una salida razonable se sitúa, según Atocha, en explotaciones ligeramente por debajo de las 1.000 cabezas, además siempre con un análisis de impacto medioambiental. Preocupa el porcino, no como actividad económica, ya que va como un tiro, sino por los riesgos que sigue teniendo la eliminación de los residuos.

Atocha mantiene su estrategia de apoyo a la integración cooperativa y la consecución de una mayor organización económica del sector, pero no se vislumbra ningún movimiento en lo que afecta a la representatividad agraria, respecto a lo cual Unión de Uniones sigue reclamando un proceso para lograr una mayor clarificación sobre quién es quién en el campo y no seguir siendo recibidos por Agricultura por la puerta de atrás.