Un vecino de Nava de Abajo, pedanía de Pozohondo, presentó recientemente una queja al Defensor del Pueblo por lo que entiende que es un caso de discriminación en los precios establecidos por el Ayuntamiento en las piscinas municipales.

Juan Sánchez, que ya criticó el año pasado el estado de esas instalaciones, detalla que esa reclamación se basa en que las tasas para el uso del servicio establecen «una diferenciación ente personas empadronadas y personas no empadronadas de hasta 18 euros». 

Por ello, según asegura, «desde la plataforma vecinal de Nava de Abajo, previa consulta con sus abogados, elaboraron un informe jurídico determinando la legalidad de dicha medida, siendo la conclusión de este que la ordenanza que regula las tasas para la utilización de la piscina municipal es ilegal». «En el mencionado informe se hace referencia a la Ley de Haciendas Locales, a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y las resoluciones del Defensor del Pueblo en la materia», añade.

En concreto, el informe cita una sentencia del Tribunal Supremo en 2015 ante un caso similar ocurrido en el Ayuntamiento de Siero (Asturias), que indica «la diferencia de trato no puede implicar discriminación por razón de la condición de empadronamiento, como se desprende desde los arts. 1.1 hasta el 139.1, pasando por los arts. 14 , 31.1 y 92 de la CE , resultando ello únicamente factible en el principio de capacidad económica de quienes han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, lo que no cabe justificar ni en el déficit del servicio ni en el hecho de abonar los vecinos de Siero los correspondientes impuestos municipales».

Mientras, una resolución de 2016 del Defensor del Pueblo establece que «cuando algún ciudadano tiene que pagar una tasa o un precio público más elevado por el mero hecho de residir en otro municipio se vulnera el principio de igualdad normal».

La alcaldesa de Pozohondo, Amparo Núñez, mostró su opinión al respecto en redes sociales, donde defendía este tipo de ventajas para las personas empadronadas debido al actual contexto de despoblación generalizada de los municipios. La regidora aseguraba además que se trata de una bonificación, que también se aplica en otras ordenanzas fiscales, y que los ayuntamientos necesitan de ellas para propiciar el mantenimiento de habitantes, ya que ese es el criterio principal para asignarles servicios u obtener determinadas ayudas.

La Tribuna intentó contactar ayer con Núñez para ampliar su versión, sin conseguirlo.

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