Los vecinos creen que el nuevo plan supondrá «la ruina»

Ana Martínez
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El Ayuntamiento de Ossa de Montiel lidera un movimiento social contra el nuevo PRUG de las Lagunas por considerar que sus restricciones y prohibiciones acabarán por disuadir a los turistas

Imagen de varios bañistas en las Lagunas. - Foto: Rubén Serrallé

Es uno de los espacios protegidos de España con mayor número de visitantes. Un ecosistema único que, como ocurre con cualquier entorno de interés turístico, está siendo víctima del eterno dilema: ¿conservación o desarrollo económico?
Las Lagunas de Ruidera y Ossa de Montiel fueron declaradas en 1931 como Sitio Natural de Interés Nacional y en 1979 recibieron la consideración de Parque Natural, siendo así el segundo en antigüedad en Castilla-La Mancha.
Hace tres años, la Consejería de Agricultura acordó iniciar el expediente para elaborar un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), comenzando un periodo de participación pública que culminó en octubre de 2018 con un informe con las sugerencias aportadas, a partir del cual la junta rectora del Parque Natural ha elaborado un borrador que ha levantado ampollas en muchos sectores económicos, sociales y culturales de la comarca.
«El borrador del PRUG lo publicaron el 17 de abril, en plena Semana Santa, para que pasara desapercibido, pero el fuerte movimiento vecinal de la zona les obligó a ampliar el periodo de alegaciones dos meses más». Son las impresiones de Jesús Vitoria García, miembro de la nueva Asociación de Vecinos de las Lagunas de Ruidera y sus pueblos que se acaba de constituir para manifestar su más rotunda oposición al borrador del PRUG por «ambiguo y contradictorio», por dejar un escenario de «arbitrariedad e inseguridad jurídica» y, sobre todo, «porque sus restricciones y prohibiciones supondrán la ruina total de la comarca y su despoblamiento», advierte el presidente provisional de esta asociación, a su vez nuevo alcalde de Ossa de Montiel, Alejandro Chillarón.
Terminado recientemente el periodo de información pública del borrador, la Junta ha recibido 1.235 alegaciones, aunque según informó la Consejería de Desarrollo Sostenible a La Tribuna de Ciudad Real, la inmensa mayoría proceden de propietarios y usuarios del Parque Natural que firmaron modelos estandarizados en una campaña contra el Plan Rector de Usos y Gestión que se está desarrollando en toda la comarca.
«Este PRUG no pretende limitar ninguna de las actividades que se están desarrollando en la actualidad, aunque sí su ordenación y regulación, de acuerdo con las necesidades de los valores naturales a proteger y de la propia opinión de los sectores afectados», apostillaban desde la Consejería de Desarrollo Sostenible al mencionado diario.

 

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