El accidente nuclear de Fukushima (Japón) el 11 de marzo de 2011 marcó, sin duda, un antes y un después en cuanto a las medidas de seguridad en las instalaciones atómicas. A raíz de esta tragedia, desde la Unión Europea se estableció que las centrales nucleares de Europa debían someterse a los conocidos como stress tests o pruebas de resistencia. El objetivo era detectar la seguridad con la que operan las plantas españolas y sus posibles debilidades de cara a un posible accidente similar y reforzarla. Con este fin, a requerimiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), las empresas propietarias de la central de Trillo, la planta de tecnología más moderna del país, se pusieron manos a la obra y, en el plazo marcado han llevaron a cabo las medidas exigidas para adaptarse a los requerimientos solicitados. Se quería evitar igualmente el tener que ver imágenes como los operadores que con linterna en mano y un plano tuvieron que actuar en Fukushima, y todo ello ha supuesto un coste total que ha rondado los 60 millones de euros según confirmó a La Tribuna el propio director de la planta, Javier Vallejo.
Esta misma semana, coincidiendo con el informe de producción eléctrica de la central, la dirección de la planta organizó una visita a la instalación principal de las requeridas tras Fukushima: el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE). Se trata de una edificio alternativo, pensada para gestionar situaciones extremas, con el claro propósito de reforzar la capacidad de gestión. Un centro ‘robusto’ a modo de ‘búnker’, cuyo coste se eleva a nueve millones de euros, que están incluidos en los 60 mencionados, construido fuera del emplazamiento, a unos 200 metros del núcleo del reactor. Este centro cumple unos requisitos desde el punto de vista sísmico, radiológico, de disponibilidad de suministro eléctrico y de comunicaciones y está diseñado para poder funcionar de manera autónoma durante 72 horas, es decir, a partir de ese momento se requerirían medida de apoyo.
Es como una segunda oportunidad para que los trabajadores que tienen que ofrecer una respuesta a la emergencia y llevar la central a una parada segura en caso de que se produzca un accidente extremo y se pierda la dirección en de esta emergencia, pero desde ahí no se puede parar la central. Esta tarea es asumida, o bien por el propio jefe de la planta, por el de turno o el del retén.
En las entrañas del edificio, de cemento puro y mil metros cuadrados de superficie con tres entradas independientes, se disponen distintas áreas diferenciadas por colores y todas ellas importantes. De hecho, el color rosa es el identificación de los equipos nuevos tras Fukushima. En cuanto a los espacios diferenciados, hay una zona de chequeo, área de descontaminación con duchas, vestuario, laboratorios, área de descanso (dormitorios, despensa, aseos), sala de máquinas, área de telecomunicaciones y la Sala de Emergencia, que es donde se reúne el Comité Asesor y desde donde se establecería la comunicación con el Consejo de Seguridad Nuclear y con los responsables del Plan de Emergencia Exterior (Pengua).
«Teóricamente aquí no hay que venir nunca. Es para un caso de emergencia de daño extenso, bien porque las condiciones radiológicas son inasumibles o porque nos hemos quedado sin centro de apoyo técnico. El CAGE suple las instalaciones que hay en la central que derivadas de un daño extenso o relevante hace necesario que las abandonemos», apunta Vallejo tras subrayar que «todo lo que sea ganar en seguridad, nunca se cuestiona».
otras instalaciones. Al margen de este centro, que independientemente de su uso extremo se utiliza ahora también para algún otro fin; a raíz de lo acontecido en Fukushima se han levantado otras instalaciones como lo que se conoce como Venteo Filtrado de Contención y un centro taller de formación.
El 17 de noviembre de 2024 vence el periodo de explotación de Trillo y a partir del año que viene la central comenzará a realizar la revisión periódica de seguridad y el estudio de gestión y extensión de vida de la planta de cara a esa fecha. Según Vallejo, «este trabajo no se hace en tres o cuatro meses sino en años». Todavía no se sabe si las empresas propietarias pedirán una ampliación pero «tenemos que estar en condiciones de operar a largo plazo», afirma a La Tribuna. Aunque la previsión de cierre de Trillo es el 2035 -sería la última-, el director de la planta considera que es «muy difícil» que se pueda suplir con energías renovables la energía nuclear supone el 20% y «suplirla requiere inversiones que habrá que ver quien las hace», señala seguro de que si el objetivo de este cierre progresivo es acabar con los gases de efecto invernadero, «parando las nucleares no se consigue, eso está claro».