El viernes, la Confederación Hidrográfica del Júcar convocó de urgencia a las comunidades de regantes de toda la Demarcación. Entre ellas, estaba la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, cuyo presidente es Herminio Molina, quien también preside la Federación de Regantes regional. 

Vayamos al grano. ¿Para qué les llamaron a Valencia?

Para ver qué opinamos todos los regantes de la Demarcación del Júcar después de que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Fenacore, amenazase con una retirada general del proceso de redacción de todos los planes hidrológicos del país porque los regantes no se sienten escuchados por el Estado, en general, y por las confederaciones en particular. 

¿A qué se debe este plante?

A que los planes, según sostiene Fenacore, solo se preocupan de las necesidades ambientales de los sistemas y dejan de lado todo lo demás, esto es, del mantenimiento de la población en las zonas rurales, de la generación de riqueza y empleo en un momento de crisis económica y de garantizar la seguridad alimentaria básica de la población.

¿La Jcrmo comparte esta idea?

Si. Nosotros defendemos, y siempre lo haremos, lo ya que sostiene la Directiva Marco del Agua: que se debe buscar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la atención a las diferentes necesidades. Eso en general, para todas las cuencas, pero también tenemos motivos   propios para no compartir el contenido del nuevo Plan del Júcar tal y como está redactado.

¿De qué motivos propios habla?

En primer lugar, a que no solo está muy orientado a las necesidades ambientales, sino que además el peso del ajuste recae más en unas zonas que en otras, sobre todo en las áreas que usan aguas subterráneas para regar, como sucede con nosotros. En segundo, a que hay compromisos que se remontan al primer Plan Hidrológico, el del 98, que siguen sin cumplirse como es la culminación de la Sustitución de Bombeos de la Mancha Oriental, que por cierto es imprescindible para garantizar la viabilidad ambiental del acuífero; tercero, a que la demora de esta obra hace que decaigan los compromisos vinculados a ella, como una reserva de agua que, sin que sepamos ni el cómo ni el porqué, se 'cayó' del borrador del nuevo Plan.

Pero usted lleva diciendo esto mismo desde que empezó la redacción del nuevo plan. ¿Qué ha cambiado?

Todo. Cuando comenzó la redacción del Plan, se empezó a hablar de que los regantes íbamos que tener que asumir un recorte del 20% en las asignaciones, esto es, sobre lo que ya tenemos, para garantizar la viabilidad del sistema, además de tener que asumir que en el futuro la agricultura española y europea deberían producir menos. En aquel momento, antes de la pandemia, ya pedimos estudios sobre el impacto socioeconómico de una medida como ésa, pero no nos hicieron ni caso. El problema es que llegó la tormenta perfecta: el virus, la crisis económica, la disrupción de las cadenas de suministro, la crisis de los precios de la energía y de ahora el ciudadano, esto es, el votante, y por tanto el político descubren que el impacto socioeconómico del que veníamos advirtiendo podía ser cierto, que España no puede prescindir a la ligera de la agricultura y en especial del regadío, su parte más productiva.

¿Me está diciendo que la crisis ha hecho que les empiecen a escuchar casi en el tiempo de descuento del proceso de planificación?

Ésa es la sensación que tenemos, sobre todo después de la asamblea en Valencia y de que se convoquen otras similares para todas las demás confederaciones. Por primera vez, nos sentimos escuchados porque la situación es muy complicada. Mire, hablamos de que en estos momentos España no tiene garantizado al 100% el suministro de cereales para garantizar todas sus necesidades y de que en la actual situación los agricultores y, en especial, los regantes, no sabemos si estaremos en condiciones de garantizarlas.

¿No está siendo catastrofista?

España es deficitaria en grano, eso es un hecho comprobable. Si los puertos están colapsados y no pueden cubrir la demanda, los agricultores deberíamos cubrirla, pero solo digo 'deberíamos' porque como ya le he dicho tenemos encima una tormenta perfecta. Hay otros componentes de esta situación, como la escalada de los precios de la energía, que limitan nuestra capacidad de producción como a todos los demás sectores económicos. También llevamos años clamando contra un sistema tarifario absurdo que nos penaliza incluso cuando no regamos y que calcula los precios de acuerdo a la energía más cara, lo que no tiene ninguna lógica de mercado. 

¿Cree que esta vez les van a escuchar en serio?

Ahí si que soy moderadamente optimista y por un motivo un poco cínico, si me lo permite: sencillamente, el Gobierno no tiene otra opción. Fíjese en el calendario de los planes de cuenca, van a entrar en vigor en la recta final de la legislatura. Los planes, tal y como están ahora, van a suponer un retroceso muy serio de nuestra actividad pero el Estado no se puede permitir un frenazo en la parte más productiva de la agricultura nacional, que es el regadío, en un momento crucial para su supervivencia política. Necesitan llegar al final de mandato con la economía en marcha pero, ¿cómo van a hacerlo si del regadío depende una de nuestras mayores industrias, que es la industria agroalimentaria?

¿Cuál es el papel que debería desempeñar la Junta de Comunidades en esta situación?

El más crucial, liderar, tomar la iniciativa política en esta situación, ahora es cuando más necesitamos al Gobierno de Castilla-La Mancha centrado más que nunca en atender las necesidades reales de los regantes reales de esta región en debates clave como el de los planes hidrológicos. Tenemos todas las bazas para hacerlo: hay un Pacto del Agua que define muy bien  las prioridades y demandas de esta región; hay una Federación Regional que nos da voz a los regantes, hay unas organizaciones agrarias dispuestas a batirse el cobre con quien haga falta, en la calle o en los despachos, hay una auténtica preocupación social por mantener vivo al sector más importante de esta región, el agroalimentario, que es casi el 20% del PIB. Además, la Junta sabe que si ejerce este papel de liderazgo nos  va a tener detrás de ella. A pesar de los matices que puede tener cada uno, aquí nos jugamos tanto que si toma la iniciativa estaremos a su lado.

¿Y si tiene todo por ganar, a qué espera para dar el paso?

No puedo opinar de lo que puede o no pueda pensar o debatir el Gobierno regional a nivel interno, esa decisión solo compete a sus integrantes. Pero sí puedo opinar de lo que hemos visto y oído en los últimos años y de nuevo me voy a repetir: ya es hora de hablar en serio del agua que se usa en Castilla-La Mancha en vez de hablar solo del agua que pasa por el Trasvase Tajo-Segura. El Trasvase es un tema serio y crucial para esta región, sí, sin duda, pero no es el único problema, es uno entre muchos en una comunidad donde la gestión del agua es muy compleja, tal vez la más compleja de España en este sentido, somos la cabecera del Guadiana, del Segura, del Júcar, del Tajo, del Guadalquivir y en esas zonas viven personas, con nombres, apellidos y familias que se ganan la vida y que ya se cansan de oír hablar solo del ATS, y no de los problemas del agua de sus respectivas zonas.

Y el medio ambiente, ¿dónde queda en todo este planteamiento?

Donde siempre debe estar, como uno de los asuntos capitales de la política del agua pero dentro de un delicado y vital equilibrio entre la protección ambiental y las necesidades humanas; entre los territorios que dan el agua y los que la reciben, entre la atención de las demandas y los sacrificios que todos, subrayo, todos, vamos a tener que hacer por igual para que esta sociedad pueda tener un futuro.