Los modos y las formas de consumir han cambiado y, con ellos, también las estafas y los abusos. Organizaciones proteccionistas del consumidor como la UCE están soportando las dificultades y complicaciones surgidas de las compras online, un mercado en plena extensión al que es muy difícil reclamar y denunciar ante la ausencia de una dirección física o de una persona con la que hablar.

Esta mala praxis de grandes compañías y multinacionales, junto con otros problemas pendientes como la regulación de las casas de apuestas y el juego por internet, hacen que desde la Unión de Consumidores de España (UCE) El Molino de Albacete se aplauda la creación de un ministerio exclusivo dedicado a Consumo, cartera que prometió el lunes pasado Alberto Garzón. «A priori es muy positivo, porque aunque es verdad que Consumo siempre ha estado en el Ministerio de Sanidad, en los últimos años las políticas proteccionistas y de defensa del consumidor han quedado muy diluidas, debido a la importancia que adquiere la cartera de Sanidad», explica la presidenta de la UCE, Nieves Roncero.

A su juicio, quizá la creación de un Ministerio de Consumo no era tan necesario, pero sí que era imprescindible empezar a desarrollar políticas dirigidas a una mayor protección y defensa del consumidor tanto a nivel regional como nacional, pues hasta ahora «han pasado muy desapercibidas».

Muchos y variados son los retos que tiene ante sí el nuevo ministro de Consumo. Para Nieves Roncero, la principal incógnita que tendrá que resolver son las competencias que en materia de consumo están transferidas a las comunidades autónomas: «Tendrán que equilibrarlas para poder complementarse, con el fin de que desde el Ministerio de Consumo puedan trabajar en aquellos temas que afecten gravemente al consumidor», como fue, recuerda la presidenta de la UCE, la estafa de Idental, considerado el mayor fraude sanitario de España.

Unas competencias ministeriales en las que debería figurar la posibilidad de ejecutar medidas sancionadoras contra aquellas empresas que de forma reiterada incumplen la ley de derechos del consumidor, poder sancionador que tienen las comunidades autónomas aunque, sin embargo, «las cuantías de la mayoría de estas multas son tan bajas que a las grandes compañías les sale más rentable pagarlas y seguir abusando», lamenta Roncero.

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