La asociación Familias Numerosas de Albacete y su plataforma FamiliasdeAlbacete.org aseguró ayer que unas 400 familias numerosas perdieron su categoría especial en la región debido a una interpretación jurídica que la Junta de Comunidades hizo de la última reforma de la Ley de Familias Numerosas y que el Tribunal Supremo ha declarado ilegal.

Hasta agosto de 2015, según la asociación, las familias numerosas españolas de tres hijos, las más comunes, perdían su título cuando el primer hijo dejaba de estudiar, se independizaba o cumplía 26 años, “dándose la paradoja de que no todos los hijos disfrutaban por igual del título de familia numerosa”.

Consciente de ello, el Parlamento aprobó en la Ley 26/2015 una reforma de la Ley de Familias Numerosas determinando que todas conservarían su título hasta el último hijo y así lo justificaba el preámbulo de esa reforma: “Se da la paradoja de que los hermanos menores que han generado para la familia el derecho al título luego no pueden disfrutar de estos beneficios… por ello, esta reforma pretende acomodarse a la situación efectiva de las familias numerosas y evitar una situación de discriminación entre los hermanos”.

Sin embargo, las familias numerosas de categoría especial -de cinco ó más hijos, o de cuatro con determinados ingresos- de algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, al solicitar la renovación su título recibían otro rebajado a categoría general. Según la asociación, la Junta se basó para ello en que la reforma decía “el título seguirá en vigor” y no decía “el título no variará”, haciendo “caso omiso de lo que aclaraba el preámbulo de la reforma”.

Según la presidenta de Familias Numerosas de Albacete, Paloma de Castro, “escribimos a la Junta en 2016 alertando de que leyeran la intención de la reforma en el preámbulo, no crear discriminaciones entre hermanos, pero omitieron deliberadamente pronunciarse sobre ello y se empeñaron en mantener la clásica interpretación ultraliteral que por reducción al absurdo hace un burócrata cuando no es de su gusto el derecho de un administrado; como la Constitución dice que podemos votar pero no dice que podemos meter el voto en el sobre, otro lo hace por ti y tú metes el sobre en la urna”.

“No es de extrañar que España sea uno de los países con más baja natalidad del mundo las familias españolas no solo son las menos apoyadas de Europa sino que en hechos como éste se demuestra que hay una mentalidad antinatalista. Además en España tenemos el problema de que gozamos de unos derechos u otros depende de la comunidad donde nacemos. Tenemos asociados con hijos en la universidad que desde agosto de 2015 han perdido 4.000 euros en reducciones de matrícula universitaria y 1.200 euros anuales de deducción fiscal por culpa de esta decisión que era a todas luces arbitraria”, por lo que solicitaron a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, por escrito que se cese de su puesto al jurídico que firmó este informe, y al director general de Acción Social que avaló con su firma “tamaño disparate y que se indemnice a las familias perjudicadas”.