Hasta 80 nuevas clínicas doblan la oferta odontológica

MAITE MARTÍNEZ BLANCO
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Hasta 80 nuevas clínicas doblan la oferta odontológica

El Colegio de Odontólogos cree que se debe exigir que al menos el 51% de los centros estén en manos de profesionales

En plena crisis, allá donde echaba el cierre una sucursal bancaria, se abría una clínica dental. Cadenas low cost, franquicias a pie de calle y dentistas con nombre propio, han proliferado en la última década. Solo hay que echar un vistazo a los escasos 600 metros de la calle Ancha, la ‘milla de oro’ de la ciudad, que bien podría llamarse hoy la ‘milla de la muela’. Entre tiendas de ropa, joyerías y ópticas, se han ido abriendo hueco los dentistas que hoy ocupan algunos de sus bajos comerciales más preciados.
Es un buen termómetro del boom odontológico. Los datos corroboran tal repentino auge. Solo en los últimos diez años se han abierto 80 nuevas clínicas dentales en la provincia. Si además se tienen en cuenta las clínicas sanitarias que han incluido en su cartera la odontología, nos encontramos con que el número de centros donde hacerse un empaste, ponerse brackets o colocarse un implante, se ha doblado. Si en 2008 se contabilizaban en la provincia 110 clínicas dentales, a día de hoy son 211 los centros autorizados por Sanidad para ofrecer tratamientos bucodentales.
«La competencia es libre, cualquier persona puede poner una clínica», indica la directora provincial de Sanidad, Blanca Hernández. Los límites están en el cumplimiento de la normativa. Esta es una de las quejas del Colegio de Odontólogos, que piden que se exija que detrás de una clínica dental siempre haya un odontólogo y que si es una sociedad al menos el 51% de la propiedad sea de un dentista. Opinan que es una forma de evitar que haya personas sin escrúpulos que entren en este negocio solo por ganar dinero, que haya fondos buitre tentados de entrar, como ha ocurrido con iDental.
Sonoros escándalos dentales como éste han dado lugar a que el mercado de la salud bucodental ande revuelta. En la administración sanitaria alegan que el problema está en la falta de honestidad de quienes se prestan a cometer estos presuntos fraudes y que en su mano no está vigilar que los odontólogos hagan su trabajo como es debido. Las clínicas suelen superar sin problemas las inspecciones que se les hacen, es decir, que cumplen con lo que les dice la ley; mientras que las denuncias de pacientes contra dentistas por mala praxis son escasas, aseguran.
La Dirección Provincial de Sanidad ofrece los datos. Cada año reciben no más de dos o tres denuncias contra dentistas por tratamientos supuestamente mal realizados. Sí que es cierto que en estos últimos diez años hubo dos repuntes, en 2012 hubo siete denuncias y en 2016 otras ocho. En todo caso, insisten, debe ser un périto odontólogo, en un juzgado, el que determine si ha habido o no mala praxis por parte del dentista. La administración sanitaria no tiene medios para comprobar si ha sido así. «Lo que sí hacemos es enviar estos casos al Colegio de Odontólogos, pero no sabemos si hacen alguna valoración porque no tenemos feed back en este sentido», declaró Tomás Fernández, jefe de Ordenación Sanitaria. 
Cada vez que se abre una clínica dental, se debe comunicar a Sanidad quienes son los titulares, el local donde se va a instalar, el proyecto técnico de la misma y una descripción de su equipamiento y actividades. Antes de abrir sus puertas al público, la administración sanitaria comprueba que los profesionales que la van a atender tienen los títulos de odontología o higienista que exige la ley; supervisan que los equipos de rayos y la gestión de residuos es la adecuada y comprueban que se cumplen con los demás requisitos legales. Solo entonces se les deja trabajar con un autorización que se debe renovar cada cinco años con una nueva revisión.
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