El portavoz del Grupo Popular, Manuel Serrano, informa de la moción que los populares llevarán al Pleno de mañana para solicitar al Ayuntamiento de Albacete que manifieste su solidaridad y apoyo al menor de cinco años de Canet de Mar y a su familia que "por el simple hecho de exigir el cumplimiento de la Ley viene sufriendo una campaña de acoso y linchamiento público por parte del entorno independentista, arengada a su vez por el propio gobierno catalán". Además, pide que muestre su rechazo y condena ante tales hechos.

Según ha explicado Manuel Serrano, la moción del Grupo Popular insta además al Gobierno de la Nación a que adopte las medidas necesarias, incluida la realización del requerimiento que prevé la Constitución al gobierno de Cataluña, para que garantice que en la escuela pública catalana se impartan en castellano un mínimo del 25 por ciento de las horas lectivas, permitiendo así "una educación bilingüe real con presencia  tanto del castellano como del catalán", asegurando con ello el cumplimiento de las sentencias judiciales que reconocen este derecho de los alumnos y "poniendo fin a la situación de desacato y desobediencia en la que está incurso el Gobierno de Cataluña".

Del mismo modo, la moción de los populares insta al Gobierno de la Nación a que garantice la protección y seguridad tanto de la familia de Canet de Mar, como de todas aquellas que en el futuro reclamen el ejercicio de estos derechos frente al "acoso civil y mediático llevado a cabo por organizaciones independentistas y que actualmente está siendo amparado y alentado por el propio Gobierno catalán".

El portavoz del Grupo Popular ha lamentado que "en los últimos días estamos viendo el acoso al que se está sometiendo a esta familia catalana por el único motivo de exigir que se garantice su derecho constitucional a poder recibir enseñanza en castellano", señalando que "vemos con preocupación el linchamiento, señalamiento y escarnio público hacia un niño de apenas cinco años y a su familia, consentido y hasta alentado por algunas de las principales instituciones catalanas en un claro ejemplo del supremacismo al que ha sometido el independentismo a toda la sociedad catalana".

En opinión de Manuel Serrano, "el único delito de esta familia ha sido exigir por vía judicial el cumplimiento de esta sentencia del Tribunal Supremo sin ir en ningún momento en contra del catalán, sino simplemente reclamando de manera legitima que a su hijo le garanticen apenas un cuarto de su educación en su lengua materna", asegurando que "lo ha tenido que hacer por la vía judicial porque el catalanismo más retrógrado que gobierna las instituciones no ha querido atender las demandas para garantizar su derecho constitucional y lo han tenido que hacer los tribunales".

El portavoz del Grupo Popular ha señalado que "la sentencia que garantiza ese derecho ha desatado una ola de ataques furibundos hacia un niño de cinco años y su familia en la localidad de Canet de Mar que no podemos permitir".

Manuel Serrano considera que "como sociedad no podemos consentir que se señale públicamente a nadie por su manera de pensar, de sentir, de hablar o de expresarse, algo que en los últimos tiempos está ocurriendo en Cataluña alentado por los partidos independentistas y el Gobierno de Cataluña que no tienen problema alguno a la hora de ignorar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y de amparar y justificar el acoso a las víctimas inocentes, todo ello con el beneplácito del Gobierno de Pedro Sánchez que no hace nada para que el gobierno catalán acate las sentencias que le obligan a garantizar la enseñanza en castellano a este niño y a tantos otros que quieren estudiar en su lenga materna en una parte del territorio español y no pueden".

El portavoz del Grupo Popular ha recordado que el Tribunal Supremo ha avalado en varias ocasiones, la última el pasado mes de noviembre, la obligación de los centros educativos catalanes de impartir un 25 por ciento del horario escolar en castellano. Un porcentaje fijado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras un recurso presentado por la abogacía del estado en 2015 en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, al entender que es el "mínimo por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del sistema", tal y como ha señalado.

Según ha explicado Manuel Serrano, estas resoluciones judiciales no hacen más que aplicar lo establecido por la Constitución y las leyes ya que, como fija nuestra Carta Magna, "el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla" (Art. 3.1 CE).

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular ha recordado que nuestra Constitución es clara al respecto, ya que "reconoce la enseñanza del castellano, la igualdad de los españoles, vivan donde vivan, y recuerda que los poderes públicos, sometidos al imperio de la ley, son los que tienen que garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos", haciendo además referencia al artículo 118 de la Constitución Española donde se señala que "Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".

Manuel Serrano ha afirmado que, en base a las leyes y ejerciendo sus derechos como españoles que viven en Cataluña, algunas familias también han reclamado que sus hijos reciban educación en castellano, afirmado que una de estas familias ha logrado que el TSJC reconozca sus derechos y obligue a la escuela pública de educación infantil y primaria de Canet de Mar a la que acude su hijo de 5 años a cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales, es decir, a impartir el 25 por ciento del horario lectivo en la lengua oficial de nuestra nación.

Según ha señalado el portavoz del Grupo Popular, "estamos viviendo una vez más como el independentismo ataca las libertades individuales reconocidas constitucionalmente, mientras que el gobierno catalán nuevamente se sitúa al margen de la ley desobedeciendo de manera flagrante el mandato contenido en una resolución judicial, emprendiendo y alentando el linchamiento público de quienes piensan diferente y reclaman el cumplimiento de la ley, un camino similar al que llevó a varios lideres independentistas a ser condenados por delitos de sedición, desobediencia y prevaricación, observando cómo siguen campando a sus anchas, actuando con total impunidad en lo que supone una burla más a las instituciones y el Estado de Derecho".

En opinión de Manuel Serrano, "señalar a un niño por dogmatismos ideológicos y políticos es de enfermos morales porque nuestros niños son sagrados", asegurando que "al Gobierno central se le escapa de las manos la situación en Cataluña, consintiendo este aparheit lingüístico, así como que el gobierno catalán siga poniendo etiquetas y segregando a ciudadanos de primera y de segunda", por lo que es necesario que en Cataluña se recuperen lo valores democráticos, la cordura, la tolerancia y la sensatez".

Desde el Partido Popular consideran que "es necesario también crear figuras que contribuyan a proteger los derechos de todos los españoles a recibir las enseñanzas en castellano con un plan de reformas que impidan que una comunidad autónoma pueda llevar a cabo segregaciones lingüísticas, como la implantación de una Alta Inspección Educativa o solicitar el apoyo de la Unión Europea para acabar con este linchamiento a la familia de Canet".

Desde el PP esperan que esta moción presentada por la vía de urgencia salga adelante para poder "manifestar la solidaridad de la ciudad de Albacete con la familia de Canet de Mar ante los ataques que viene sufriendo por defender el cumplimiento de la ley, la libertad educativa y el derecho a la educación en español en Cataluña".