Desde hace una década la tipificación de los llamados delitos de odio ha generado una especial atención a los supuestos de discriminación que encajan en esta infracción penal que tiene que ver con el respeto a los derechos fundamentales de la persona, y también a que su evolución se estudie con más detalle y se afine la recopilación de datos en los cuerpos policiales para que toda discriminación cuente como tal en las estadísticas. En base a ello el Ministerio del Interior publicaba recientemente el informe monográfico de los hechos conocidos en 2019 en relación con esta realidad, y hay un nuevo incremento de los hechos que se denuncian, con casi un siete por ciento más de denuncias en todo el país. En lo que toca a Albacete figuran sólo ocho denuncias por delitos de odio en 2019 (las mismas que el año anterior, aunque en otros años la cifra ha superado la decena), y supone una media de 2,1 denuncias por cada 100.000 habitantes. La provincia tendría una situación mejor que el resto del país, donde el promedio nacional está en 3,6 casos de discriminación y delitos de odio por cada 100.000 residentes. 
En todo el país se contabilizaron el pasado año 1.706 casos de delitos de odio, un epígrafe que incluye un variado repertorio de conductas discriminatorias: está la aporofobia (odio o discriminación al pobre), antisemitismo, discriminación por creencias religiosas, discriminación a discapacitados, por cuestiones de género o sexo, racismo y xenofobia, ideología, discriminación «generacional», por enfermedad y también el «antigitanismo», un concepto que en el informe del Ministerio del Interior se define exactamente como «acciones realizadas con motivaciones de discriminación, odio y estigmatización dirigidos contra las personas gitanas, así como el entorno de las mismas».

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