La bronca que se desató en el pleno del pasado jueves sobre quién llevaba la iniciativa contra la ocupación ilegal entre PP y Ciudadanos eclipsó al Gobierno. Y eso que el consejero de Fomento subió a la tribuna a decir que están trabajando en una normativa sobre este tema para remitir al Gobierno nacional y que se daba de plazo hasta diciembre para conseguir sacarla con un acuerdo de los tres partidos que hay en las Cortes.
Pero desde el PP no se creen este anuncio del Gobierno regional. "Tuvimos que lamentar otra mentira más del Gobierno de Page, la que lanzó su consejero, cuando afirmaba que llevaba trabajando varios meses en esta iniciativa legislativa", expuso Tania Andicoberry, vicesecretaria de Participación del PP regional.
Andicoberry se ha ido a buscar la lista de previsiones legislativas que al inicio de cada período de sesiones manda el Gobierno regional a las Cortes. Ahí figuran todas las normativas que el Ejecutivo autonómico tiene pensado enviar al Parlamento regional para su debate y votación, aunque muchas veces hay algunas de esas leyes que no llegan en ese plazo previsto. En esta ocasión cogió la previsión que remitió hace apenas unos días la Junta para este otoño, pues en la lista no aparece ninguna iniciativa sobre ocupación ilegal. "En esta previsión no hay referencia alguna a la ocupación ilegal", declaró, "porque no tenía ni intención de abordar el tema de la ocupación ilegal ni sabemos si tenía intención de llevar ese acuerdo con Núñez".
Por su parte, aseguró que el PP sí se ha puesto trabajar en un texto que se pueda aprobar en las Cortes regionales y de ahí llevar a Madrid, pues las competencias en este tema son estatales. Andicoberry explicó que el grupo de trabajo lo está coordinando Silvia Valmaña y que, por expresa indicación del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se va a consultar a la Judicatura, la Policía Local, los Fuerzoas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los ayuntamientos.
"Pretendemos con esta ley dar seguridad jurídica, tranquilidad, protección a todas aquellas familias que de forma directa o indirecta sufren el problema de la ocupación ilegal", reivindicó, "queremos forzar al Gobierno nacional, que tome cartas en el asunto".