Los silos de almacenamiento agrícola, construcciones habituales en el paisaje de los municipios españoles, cayeron progresivamente en desuso con la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en la década de los 90 del pasado siglo. Desde entonces, las administraciones han intentado por varias vías dar nueva vida a esos inmuebles, bien ofreciéndolos a iniciativa privadas o a través de su reconversión  en sede de otros servicios públicos.

En el segundo caso, se encuentra el silo de Alcaraz, de titularidad autonómica, para el que en 2017  se anunció la reconversión en el Centro Comarcal de Coordinación contra Incendios Forestales. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en noviembre de ese año el gasto necesario y encomendó a la empresa pública de gestión ambiental (Geacam) la ejecución del proyecto y contratación de las obras.

La adjudicación de los trabajos de construcción se resolvió hace unos días, por un importe de 266.800 euros, casi un 20% menos del presupuesto base de 333.640. La oferta de Construcciones y Contratas Elezeta fue la seleccionada de entre las seis que se presentaron en la licitación, al haber propuesto esa compañía el precio más bajo y comprometerse a realizar todas las mejoras contempladas en el pliego de condiciones. Entre ellas, la ejecución de un vallado en el perímetro de la parcela donde se sitúa el silo, un porche exterior para vehículos o aumento del mobiliario.

Una vez formalizados el contrato y el acta de replanteo, la empresa dispondrá de un plazo máximo de 10 meses para habilitar el inmueble como un edificio preparado para reunir  las bases de diversos servicios dispersos. «Se pretende unificar en un Centro Comarcal de Emergencias varias bases-reten de la zona (El Bonillo, Casas de Lázaro, Salobre, Bienservida, Alcaraz-Peñascosa, Paterna-Bogarra, etcétera) que, actualmente, se encuentran ubicadas de forma provisional en instalaciones alquiladas o cedidas mediante convenios con determinadas instituciones y que, en la mayoría de los casos, no cumplen la normativa de prevención de riesgos laborales», según explicaba textualmente el proyecto.

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