Castilla-La Mancha tendrá un Estatuto de Autonomía nuevo que se hará desde cero (no una reforma del actual) y será por unanimidad o no será. Estos fueron los dos principales acuerdos que cerraron ayer el Gobierno y los tres partidos políticos con representación en las Cortes: PSOE, PP y Ciudadanos. Y con estos dos acuerdos ya se puede decir que arrancan los trabajos para redactar un nuevo texto estatutario. De las cartas y las rondas de contactos se ha pasado a la acción.
El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, capitaneó en nombre del Gobierno la reunión con los equipos de trabajo de los tres partidos. Fue él quien salió a informar en primer lugar de que había habido consenso. «Vamos a avanzar hacia un nuevo Estatuto, no nos queremos quedar solo en una reforma», avisó. Adelantó que van a aprovechar una «ventaja» que tiene Castilla-La Mancha, precisamente por el fracaso de la reforma que se propuso en tiempos de Barreda y que finalmente no se aprobó. Otras regiones sí lo hicieron, incluido el polémico Estatut catalán, y hubo después distintas sentencias del Tribunal Constitucional y Supremo «que han fijado criterios en ámbitos competenciales».
El portavoz del PP que salió a hablar tras la reunión, el senador Francisco Cañizares, habló de un Estatuto de «tercera generación», en comparación con todas las reformas que se hicieron en la primera década del siglo XX y a los que se llamó de ‘segunda generación’ por dar una vuelta a los textos de la Transición. «No es un retoque», apuntó, «es un nuevo texto normativo que debe servir para afrontar los próximos años en la región». El portavoz socialista, Sergio Gutiérrez que es diputado nacional en el Congreso y número dos del partido a nivel regional, cree que se puede aprovechar para «aportar desde una visión de centralidad a mejorar y a avanzar, lo que tiene que ser el modelo territorial de nuestro país».
Otro de los acuerdos cerrados es la exigencia de unanimidad. Guijarro aseguró que el Estatuto ni siquiera se tramitará si no hay un acuerdo previo de PSOE, PP y Ciudadanos. Y eso es clave, pues garantiza que por un lado saldría aprobado de las Cortes sin ningún voto en contra y también aseguraría la mayoría suficiente en el Congreso y el Senado para conseguir su visto bueno. «Creemos que hay que hacer un Estatuto con consenso que sirva para las siguientes generaciones», apostilló. La portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo, lo resumió en que «nos hemos puesto de acuerdo en estar de acuerdo» y confirmó que tenían el compromiso del Gobierno de que «en caso de que no se llegara a un acuerdo con los grupos parlamentarios, no saldría adelante».
Ahora toca decidir el formato y qué se incluye. Entre los flecos que quedaron sueltos de la reunión, está por un lado el formato que se va a usar para tramitar este texto. Lo puede presentar el Gobierno regional como proyecto de ley, lo que obliga a pasar el informe de los servicios jurídicos de la Junta y el del Consejo Consultivo. Guijarro aseguró que el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a hacerlo, siempre que se cuente con la aquiescencia de los tres partidos. La otra fórmula sería que lo presentasen los grupos parlamentarios directamente en las Cortes como proposición de ley, para lo que no se necesitan esos informes jurídicos. Los partidos han quedado en estudiarlo durante los próximos días, de forma que se podrá tomar una decisión en la próxima reunión que sería dentro de dos semanas.
También toca decidir de qué temas se va a hablar en el nuevo Estatuto, algo para lo que el Gobierno y los grupos parlamentarios se dan un tiempo para hacer propuestas, aunque ayer ya dieron algunas pistas. Casi todos los partidos coinciden en blindar derechos sociales de los ciudadanos en materia de Sanidad, Educación o Servicios Sociales. Desde el PSOE, Gutiérrez sugiere que se apuntale así un «modelo social que perdure y que no sea vulnerable a los caprichos tanto de las crisis como de las voluntades políticas». Pero también se hablan de derechos económicos, como la protección a la iniciativa privada que defiende Ciudadanos.
La portavoz de la formación naranja explicó en cuanto a la metodología que los grupos tendrán un debate político y que luego «habrá redactores técnicos que bajen y articulen dichas propuestas del debate político al Estatuto y a su redacción jurídica».
En cuanto a los plazos, el vicepresidente de la Junta avanzó que quieren tener el texto hecho para el verano, de forma que se pudiese tramitar en las Cortes en otoño y dejarlo aprobado antes de finalizar el año. Picazo, de Ciudadanos, cree que pueden ser plazos un poco apurados, pero que no habrá problema en que haya cierto retraso si es para llegar a un acuerdo.