En vísperas de las elecciones generales de abril de 2019, el president Quim Torra desoyó el ultimátum de la Junta Electoral Central para que retirara del balcón del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a «presos políticos y exiliados», gesto por el que meses después fue condenado a un año y medio de inhabilitación, por desobediencia, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Una pena que esta pasada semana confirmó el Supremo, lo que obligó a Torra a dejar el cargo y que aboca a Cataluña a cuatro meses de provisionalidad, en plena pandemia del coronavirus y con el 7 de febrero como posible fecha para unos comicios.
Pero la realidad es que la decisión del Alto Tribunal no cogió a nadie desprevenido en el Govern, donde desde hace días ya se preparaban ante esa confirmación de la condena, con un informe de los servicios jurídicos sobre la mesa que indicaba que la inhabilitación sería efectiva cuando se le notificase oficialmente.
Antes de las 14,00 horas, el Supremo dio a conocer su sentencia, en la que confirma la pena de inhabilitación a Torra por desobedecer de forma «contumaz y obstinada» a la Junta Electoral Central. En su resolución, el tribunal desestimaba por unanimidad el recurso de casación del mandatario contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de inhabilitación especial y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia.
La notificación llegó a manos de Torra, que se negó a firmarla, al filo de las 17,00 horas, poco después de que el TSJC declarase efectiva la inhabilitación de inmediato. Antes de abandonar el Palau de la Generalitat, el ya exdirigente se reunió con todos los consellers, incluido el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, su sustituto hasta una nueva investidura.
Fue un encuentro informal, porque la inhabilitación ya era efectiva, y acto seguido compareció en la Galería Gótica para denunciar que había sido «depurado del cargo por un golpe urdido por los poderes del Estado español». Además, mantuvo que «la única manera de avanzar era a través de la ruptura democrática» y llamó a los catalanes a tomarse las próximas elecciones como «un punto de inflexión, un nuevo plebiscito y un nuevo mandato que confirme el referéndum del 1-O».
A las 19,20 horas, junto a su esposa, Torra abandonó la sede del Govern por el acceso principal de la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde lo esperaban más de 1.000 personas convocadas por las entidades independentistas.
Siguiente paso: las urnas
La formalización de la nueva situación política llegó con la publicación en el Boletín Oficial del Estado -y en el Diario Oficial de la Generalitat- de un real decreto con el cese del president y la convocatoria de una reunión del Ejecutivo en funciones, en la que se aprobará un decreto para oficializar que Aragonès, pasa a ser el «presidente sustituto interino» hasta una nueva investidura.
En paralelo, se abrirá un plazo de 10 días para que el presidente del Parlament, Roger Torrent, abra consultas con los grupos por si tienen intención de presentar un candidato a la investidura.
Una vez constate que no hay candidato viable -los grupos independentistas, que tienen mayoría, rechazan esta posibilidad-, Torrent activará una cuenta atrás de dos meses, transcurridos los cuales, si no ha habido investidura, se convocarán automáticamente unas elecciones, con la fecha probable del 7 de febrero.
Aragonès fue fiel colaborador de Junqueras en la legislatura del referéndum unilateral del 1-O, como secretario de Economía en la conselleria que dirigía el líder de ERC, un cargo que mantuvo durante los meses en los que se aplicó el artículo 155 de la Constitución, en cuya implantación «participó activamente, sin poner trabas», asegura en sus memorias el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo.
En esta última legislatura, el sustituto de Torra se ha consolidado como hombre fuerte de Esquerra en el Govern -su principal logro: la aprobación de los Presupuestos para 2020, los primeros en tres años-, en complicada convivencia con el ya expresident.
La ley de la Presidencia de la Generalitat establece que debe ser el conseller en cap -no lo hay- o el vicepresidente del Govern, en este caso Aragonés, quien asuma las funciones que deja vacantes el president, salvo tres atribuciones: plantear una cuestión de confianza, nombrar o destituir consellers y convocar elecciones.
Por delante tiene el reto de intentar controlar la pandemia en los meses de otoño-invierno, al frente de un Ejecutivo en funciones que no podrá aprobar los Presupuestos para 2021 y que seguirá condicionado por la batalla entre JxCat y ERC por una hegemonía independentista que volverá a estar en juego en los próximos comicios.