Aprovechando una semana con un acontecimiento como la suelta del lince en Cabañeros, ¿cuándo tendrá la región competencia sobre sus parques nacionales?

Castilla-La Mancha es la única región que no gestiona sus parques nacionales y estamos trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica para que la transferencia se produzca lo antes posible, pero queremos que se produzca de manera correcta, con los recursos suficientes, económicos y humanos, y en esa negociación estamos. Estamos en un punto de la legislatura complicado y será una cuestión que se irá a la próxima legislatura.

Si es una cuestión que debe estar clara, ¿por qué tanta dilación?

En realidad ha sido este Gobierno, en esta legislatura, el que ha propuesto al central que se produjera ese traspaso. Antes no se había solicitado e iniciamos la negociación hace un año aproximadamente, pero no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en lo esencial: los recursos  que el Estado nos debe transferir para la correcta gestión de los parques.

¿Cómo de preocupado está por la situación de Las Tablas de Daimiel?

Estamos preocupados, evidentemente. La mayor preocupación es el agua, claro está. En este momento tiene encharcadas más de 500 hectáreas de las 1.700 que tiene, que no es una mala cifra después de un periodo de sequía muy prolongado con cuatro años muy duros y un pequeño intervalo de lluvias de tres meses. Esto es debido a que se han hecho bien las políticas públicas de apuesta por un riego localizado en el riego de apoyo a los leñosos, orientando las prácticas a partir de las ayudas públicas, y también por la compra de mucha superficie de la zona de preparque que hoy no se cultiva. Esto independientemente de la situación que vivimos de sequía, que yo espero que se acabe cuanto antes para que los ríos vuelvan a verter agua a Las Tablas de Daimiel y podamos recuperar el entorno al cien por cien.  

¿Cree que las sequías prolongadas obligan a reformular las políticas de regadío de los cultivos?

Hay que hacer compatible la utilización del agua en la agricultura con la conservación del medio ambiente y que sean viables los humedales manchegos. Eso es posible y las cosas se están haciendo bien. Los agricultores del Alto Guadiana han hecho un esfuerzo enorme para reducir el consumo de agua, para pasar de un riego que hace dos décadas era a manta, pasó por aspersión y hoy es en forma de goteo de manera generalizada. Hoy estamos en una situación mejor con respecto a otras situaciones de sequía. Y esto demuestra que es posible compatibilizar la agricultura con el medio ambiente. No puede ser que el Alto Guadiana sea el único lugar de España en el que un joven que se quiera incorporar a la agricultura no pueda hacer un pozo de 7.000 metros cúbicos. Y eso lo vamos a cambiar. Estamos trabajando en el Gobierno regional y particularmente en el central en los últimos meses en una solución para regularizar los pozos de las explotaciones prioritarias. Y dar una solución a los nuevos agricultores para que puedan acceder a un bien público como es el agua, y no a través del mercadeo como se ha hecho en otras ocasiones. Sabemos que es nuestro deber hacerlo y espero que muy próximamente podamos ofrecerla ya a eso 1.650 agricultores que están esperando la regularización de los pozos.

¿Y es compatible la agricultura con los trasvases?

Lo que hace muy rentable la agricultura en el levante es que se aprueben trasvases todos los meses y que el coste de agua sea pequeño o nulo, porque prácticamente todos los años se aprueba la normativa que evita el pago del agua para los regantes del trasvase. Es muy rentable para su agricultura pero muy poco compatible con el futuro de Castilla-La Mancha. Es verdad que los trasvases se vienen haciendo desde hace mucho tiempo pero estamos en un momento político distinto y en un país diferente. Aunque no quiera el Gobierno central de turno, los tribunales acabarán dando la razón al Gobierno regional, que tiene que defender los intereses de los ciudadanos de su tierra, como sucedió con el basurero nuclear de Villar de Cañas. Estamos en un punto en el que los trasvases se tienen que producir si hay una necesidad imperiosa para consumo humano en el levante, pero no para el regadío. Para el regadío hay infraestructuras como las desaladoras.

Ha mencionado la justicia, ¿es la única vía para acabar con ellos?

La justicia no es nunca la única vía, de hecho la persuasión y la negociación, el sentido común, ayuda mucho a conseguir los objetivos. Se siguen aprobando trasvases, hay un memorándum y se siguen produciendo todos los meses, pero las leyes están para cambiarlas. Hay que seguir haciendo esa labor de persuasión pero tenemos el argumento contundente del sentido común. Si el agua está aquí y podemos hacer lo mismo que en el levante en Castilla-La Mancha, por qué no lo hacemos. Porque sería más eficiente desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista ambiental.

¿Son compatibles la caza y el parque de Cabañeros?

Es una cuestión que habrá que decidir en los próximos años, tenemos la obligación de hacerlo. Hay que dar una solución a la biodiversidad del parque, pero el que haya caza o no no es la solución o el problema a la caza en la región. Respecto al sector cinegético estamos muy comprometidos respecto al modelo de caza social, puedo sacar pecho con esto porque somos el Gobierno que ha recuperado los cotos sociales, que ha eliminado las tasas por licencia de caza y pesca para mayores de 65 años y que ha disminuido las cuotas de las asociaciones, frente al Gobierno de Cospedal que exigía el pago de la tasa a mayores de 65 años, no eximía a las asociaciones federadas y tampoco mantuvo los cotos sociales. Tenemos mucho que decir respecto a la caza, somos el Gobierno de la caza social, pero la solución de la caza no pasa por resolver el problema de la caza en Cabañeros. La decisión hay que tomarla en 2020 y hoy día pertenece a Parques Nacionales. Es un modelo de caza muy sostenible. Yo quisiera que para 2020 sea competencia de la Junta.

Si la tuviera que tomar hoy.

Si hubiera que tomarla hoy mantendríamos el modelo actual de una manera restringida, absolutamente compatible con la protección de la biodiversidad, porque es evidente que o se utiliza la caza o se utilizan alternativas para descastar el número de animales, fundamentalmente ungulados, en Cabañeros.

La ley de caza, ¿cubre las necesidades del sector?

Cuando hablamos de sector tanto en la caza como en la agricultura hago una reflexión personal sobre quién representa a quién en el sector y qué intereses se defienden. Cuando hablo de caza social hablo de gente de nuestros pueblos, ésa es la gente de verdad de la caza y se siente representada por sus responsables públicos. Cuando defendemos los intereses de los grandes cotos privados, en los cuales se dispone de aeropuerto particular, aterrizan y despegan desde allí sin conocer la realidad de nuestros pueblos, estamos hablando de un modelo distinto. El modelo del Gobierno regional es el modelo primero, porque es el que de verdad va a mantener la actividad cinegética. Cuando hablamos de caza simplificamos mucho el mensaje y hay muchos modelos de caza. El segundo pervive solo y no necesita impulso público, el primero necesita el apoyo de la administración.

¿No es una ley ecologista?

Es una ley de caza, no puede ser ecologista. También me siento muy orgulloso de haber derogado la ley injusta del PP porque no ha habido norma que haya tenido más oposición que la de la señora Cospedal. Es evidente que estamos ante una ley que ha contado con todos. No voy a comprar ese mantra de algunos que nos quieren confundir, al Gobierno y a los ciudadanos.

¿Podemos quiere confundir con las tierras raras?

Quiere confundir también, sí. Porque éste es el Gobierno que ha impedido que haya minería de tierras raras en el Campo de Montiel. Y no sólo este Gobierno, sino el partido mayoritario que sustenta el Gobierno es el responsable de que no haya minería de tierras raras. Si hubiera sido por Podemos y por el señor Llorente, hoy estaríamos discutiendo del sexo de los ángeles, pero no hubiéramos resuelto los problemas de los ciudadanos.

Ese partido mayoritario del Gobierno, ¿no es partidario de ningún proyecto de tierras raras?

Este Gobierno sólo ha tenido una solicitud, y estoy convencido además de que no va a haber ninguna más. No porque se acabe la legislatura sino porque en Castilla-La Mancha no se dan las condiciones óptimas. Donde se podían dar, en el Campo de Montiel, el proyecto no cumple en materia de agua. Lo que sí hemos dicho es que no somos competentes en materia energética ni en materia de minería. Si lo fuéramos podríamos haber iniciado un proyecto de ley, pero es competencia del Estado. Hicimos una ley antifracking no regulando la práctica en sí sino condicionándola a la realidad del territorio, lo que en realidad suponía que no hubiera. Hicimos las cosas tan bien que ganamos un contencioso en el Constitucional al Estado. Lo mismo con las tierras raras, hemos hecho las cosas muy bien y si hubiéramos seguido debatiendo y dialogando hasta el infinito nos hubiéramos quedado sin solucionar el problema.

¿Por qué es tan necesaria una Ley de la Viña y el Vino?

La ley debe permitir al sector tener la capacidad de autorregularse, porque hay determinadas decisiones que el sector pide a la administración que ésta no puede resolver. No porque no quiera, porque el compromiso con el sector es total, pero la normativa comunitaria nos impide tomar decisiones de regulación de mercado. En cambio si el sector se autorregula a través de una Interprofesional regional se podrán hacer esas y otras muchas cosas. Y es compatible con la Interprofesional nacional, que está haciendo una labor de promoción con la Fundación Tierra de Viñedos. El sector necesita esa capacidad de autorregulación. No tiene sentido que una ley como ésta no exista aquí. Se derogó en la legislatura pasada porque de manera demagógica se dijo que se iba a eliminar la cuota a la Fundación Tierra de Viñedos, que no se pagaba desde 2008. Con un argumento demagógico se derogó una ley muy necesaria.

¿Está el sector maduro para asumir un control de rendimientos?

Se ha modernizado la explotación vitícola, pero no por el hecho de tener espaldera tenemos que alcanzar una producción que no sea lógica. Hay que aplicar el sentido común.  Trabajamos con bodegas y cooperativas para que el año que viene no se recoja uva por debajo de un grado mínimo. Hay mucho por hacer y el sector está maduro para hacerlo.