La diputada nacional del PP por Albacete y vicesecretaria de Política Social del PP de Castilla-La Mancha, Carmen Navarro, ha destacado la decisión del presidente regional de los populares, Paco Núñez, de presentar una iniciativa legislativa en las Cortes de Castilla-La Mancha para poner freno a la expansión del delito de la ocupación ilegal, un hecho que en sí mismo supone un atentado contra el derecho constitucional de la iniciativa privada, y contra la convivencia en los barrios y municipios donde se genera.

Navarro ha recordado que el delito de ocupación ilegal tiene especial incidencia de las provincias de Toledo y Guadalajara, pero también en Albacete, con unos datos que apuntan a un incremento del 40% en los últimos siete años, siendo el acto delictivo que más aumenta.

“Hoy, en España, se registran 40 ocupaciones ilegales al día, y sólo en los últimos seis meses, se han registrado más de 7.450 denuncias, teniendo en cuenta además que no todas las ocupaciones son denunciadas como consecuencia de la actividad paralela que se está creando al margen de un Estado de Derecho donde la autoridad judicial, fiscal y policial debiera intervenir, aplicando la normativa vigente”, apuntó la diputada nacional por Albacete.

En opinión de Carmen Navarro, el incremento de esta actividad delictiva demuestra que la legislación actual es “insuficiente, por lo que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha y en el congreso de los Diputados se encuentran legitimados para ofrecer una mayor seguridad jurídica a los españoles”.

En este sentido, la parlamentaria albacetense apostó por aumentar la pena hasta los tres años de prisión por el delito de usurpación; otorgarle el ejercicio de la acción judicial a las comunidades de propietarios de vecinos para que puedan protegerse ante las situaciones que generan caos, molestas, insalubres y que perturban la convivencia de las comunidades; como también la legitimación a la personas jurídicas para el inicio de la acción procesal correspondiente que lleve a la recuperación de la propiedad en el plazo máximo de 48 horas”.

“Para ello, nuestro presidente Paco Núñez en esta iniciativa que presentará a las Cortes regionales, quiere contar con toda la sociedad civil, y para ello requerirá el consenso tanto de los grupos políticos como de todos los colectivos que luchan contra la ocupación ilegal, desde comunidades de propietarios hasta jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que precisan de coordinación en todo el territorio español, así como policías locales teniendo en cuenta el sufrimiento que acarrea esta actividad ilegal no sólo en grandes ciudades, sino también en pequeños municipios·.

De igual forma, Navarro hizo un especial llamamiento al PSOE y a García-Page “para que no se ponga de perfil ante este problema que afecta a Castilla-La Mancha. Tiene la oportunidad de demostrar que quiere arrimar el hombre para solucionar problemas, al margen de cualquier interés partidista”, dijo.

Por otro lado, la diputada nacional del PP alertó sobre la incertidumbre y mentiras del Gobierno socialista de Pedro Sánchez “cuando todavía no sabemos si los funcionarios van a ver congelado o reducido su sueldo, así como a los pensionistas, en tanto que los profesionales autónomos no saben si se va a subir su cuota de cotización a la Seguridad Social”.

“Nuevamente el Gobierno de España y Sánchez está ocultando información, y de la incertidumbre pasamos a la mentira en la gestión de la pandemia sanitaria, cuando todavía no se conoce el número de víctimas que ha ocasionado en España el Covid-19” denunció Carmen Navarro, quien añadió que se calcula que hay más de 24.000 familias que no constan como víctimas de esta crisis sanitaria.

Navarro se preguntó igualmente por el destino del material sanitario comprado por el Gobierno de España en el inicio del Estado de Alarma y saber por qué todavía no ha llegado este material a las Comunidades Autónomas. “Por ello, el PP ha solicitado una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia, ya anunciada por Pablo Casado ante el descontrol existente y saber qué responsabilidades políticas tienen que depurarse”, concluyó la diputada nacional.