La tecnología permite tener hoy un teléfono móvil no más grande que un encendedor o, incluso, que una moneda, y ese tamaño reducido ayuda a que estos elementos, prohibidos en los centros penitenciarios, aparezcan de vez en cuando en manos de los precios de la cárcel albacetense de La Torrecica. Durante 2019 casi cada mes hubo algún caso en el que se incautó un teléfono móvil, ya fuera en los accesos al centro o dentro, en las celdas. Hubo 13 móviles incautados en la prisión albacetense en 2019, según el dato oficial que daba el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria. Es un número pequeño si se tiene en cuenta que hay cerca de 300 internos en la cárcel, pero alto si se compara con los dos casos de 2018.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias contactadas por este diario explicaban que no puede valorarse si hay más tráfico ahora de estos elementos, «porque sabemos las incautaciones que hay, pero no sabemos cuántos son los que no se incautan». El organismo sí subrayaba que «luchamos a diario para que no haya estos objetos prohibidos, como pasa con las drogas», y esa lucha ha sumado algunos recursos. Se han creado las primeras unidades caninas de prisiones (hay ya seis y se quieren crear otras seis), se cuenta «con grupos de control que recopilan información en los centros para saber si hay que cachear una celda de forma particular». Esos registros en celdas «se hacen sin pautas, son arbitrarios y alternativos», de manera habitual, pero los indicios o la información recabada pueden llevar a esos cacheos más exhaustivos.
Desde la representación de los trabajadores de la cárcel de La Torrecica insistían en que la falta de personal que llevan años denunciando tiene que ver con la vigilancia que puede hacerse y las condiciones de seguridad de internos y funcionarios en la prisión, pero insistían también en que la normativa penitenciaria debería estar ya adaptada a los tiempos que corren y a tecnologías como los teléfonos móviles: «Las prisiones no son aparcapersonas, tienen una función de reeducación y reinserción, y con este problema se ve que hay que avanzar en una ley Orgánica Penitenciaria que tiene más de 40 años, es de 1979». Las mismas fuentes sindicales indicaban que no es nada lógico que en los tiempos actuales «aún haga falta una autorización judicial para pasar a un interno por rayos, y para pedir esa autorización al juez ya debes tener unos indicios más que suficientes de que el recluso tiene algún objeto prohibido». Desde la representación de Acaip y Comisiones Obreras en el centro de La Torrecica indicaban que la sociedad debe ser consciente de estos cambios aún por venir en el sistema penitenciario, y la tecnología trae además otras situaciones problemáticas, como los drones: «Aún no ha ocurrido en Albacete, pero en otros centros sí ha ocurrido ya que con un dron consigan introducir drogas en la cárcel, el dron suelta el paquete, y ya está dentro».
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