La organización ecologista Greenpeace dice tener constancia de «al menos» 147 denuncias relacionadas con pozos ilegales en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, de las que 79 corresponderían a la provincia de Albacete, según los datos contenidos en el estudio titulado El robo de agua, impunidad más allá de los pozos ilegales referido al período 2013-2017.

En el capítulo que corresponde al Júcar, Greenpeace indica que su cifra es «conservadora» ya que según dicho estudio el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) tendría constancia de 243 denuncias tramitadas por extracción ilegal de agua, 30 por pozos ilegales y de un  sólo pozo ilegal clausurado durante el período objeto de estudio y en el ámbito de toda la Demarcación.

Además, la organización conservacionista señala que uno de los factores que más contribuyen a la «impunidad» es la lentitud de la maquinaria burocrática, pues hay «varios cientos de expedientes que han necesitado más de 30 años para ser resueltos», lo que « permite bombear agua subterránea durante un largo tiempo sin que exista una autorización firme».

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