Ciudadanos Albacete pregunta en el Congreso por los edificios que el Estado tiene sin uso o «infrautilizados» en la capital y la provincia, y afea a los diferentes gobiernos el deterioro y abandono que viven muchos de ellos. La diputada María Dolores Arteaga ha registrado una serie de preguntas parlamentarias en las que consultan si existe algún proyecto para recuperar el uso y actividad de esos edificios en desuso en la provincia, y si el Gobierno piensa en facilitar la adquisición o arrendamiento de esos edificios a otras administraciones, «en condiciones realmente asumibles». La diputada por Albacete del partido naranja pregunta a su vez «a cuánto asciende el gasto de mantenimiento y rehabilitación de los edificios de titularidad estatal» en Albacete donde ahora mismo no hay ninguna actividad, o porque se encuentren infrautilizados.
María Dolores Arteaga, que ayer intervenía por primera vez en la tribuna de Congreso, hablaba a este diario de lo que consideran un patrimonio público sin aprovechar y sin cuidar, y ponía el ejemplo del edificio estatal de la calle Dionisio Guardiola numero 32, un edificio de dos plantas cerrado que «hace unos meses sufrió el desplome de parte del techo, aunque desde fuera no se ve, vemos que con la descentralización muchos edificios del Estado ha cerrado inmuebles que se deterioran y que podrían quedarse otras administraciones que lo necesitan». Desde Ciudadanos abogan por fórmulas que permitan aprovechar esos recursos, aunque, como la propia pregunta parlamentaria dice, es complicado incluso saber cuántos edificios cerrados como el mencionado tiene el Estado en Albacete: «Pedimos la información porque es imposible ver todo lo que es de titularidad estatal y no tiene uso, Defensa tiene unas cosas, Hacienda tiene otras... Es difícil poder saber eso», decía la diputada albacetense. Lo que proponen desde la formación naranja  es que este patrimonio se pueda aprovechar, aunque también para ello hace falta voluntad política: «Pedimos que si el Estado no va a dar uso se ofrezca a otras administraciones, porque ahora te lo pueden llegar a ofrecer, pero en unas condiciones que no pueden asumir ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas». Arteaga reclamaba «condiciones favorables» en esos posibles acuerdos que permitan optimizar recursos ya existentes.

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