Piden 10 años de cárcel para el exabogado de Fujimori

Josechu Guillamón
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El Tribunal Superior de Justicia confirma que los delitos que la Fiscalía albacetense le imputa a Miguel Pérez Arroyo no están prescritos, como él aseguró tras su detención

Miguel Pérez Arroyo. - Foto: Facebook

La Fiscalía Provincial pide 10 años de prisión y 18.000 euros de multa para el exabogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, al que acusa, según el escrito de calificación provisional, de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito continuado contra los derechos de los trabajadores; y un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. Además el fiscal también solicita una responsabilidad civil, a través de indemnización.
Así lo confirmaban ayer a La Tribuna de Albacete fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, las cuales afirmaron que los delitos que se le imputan a Pérez Arroyo no han prescrito, como el conocido letrado peruano aseguró en redes sociales, tras su detención por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por orden del Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete. 
En este sentido, desde el TSJ se confirmó que la Audiencia Provincial de Albacete ha desestimado la prescripción hasta en dos ocasiones, concretamente en 2017 y 2018.
Por ello, el procedimiento sigue estando pendiente de la celebración del juicio, ya que desde el año 2015 constan en el Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete al menos tres señalamientos  para la celebración del juicio, que como es lógico hasta ahora no se ha podido celebrar por la imposibilidad de localizar al acusado. 
En dicho procedimiento, además de Miguel Pérez Arroyo también constan como acusadas otras dos personas, aunque una de las cuales ya ha sido enjuiciada, puesto que alcanzó una conformidad con el Ministerio Público, por la cual logró una reducción de la pena, gracias al reconocimiento de los hechos de los que estaba acusado. 
Cabe destacar que una vez que el Juzgado de lo Penal 1 de Albacete tuvo constancia de que el acusado había sido localizado en Perú dio traslado al Ministerio Fiscal de esta localización, para que informara al respecto de la situación procesal del encausado.

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