El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a dos nuevos recursos contra el trasvase. En concreto, contra las derivaciones aprobadas en mayo y junio, que mandaron rumbo al Levante un total de 40 hectómetros cúbicos. Recursos que, por primera vez, llevan implícito en su argumentario la necesidad de derogar el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre. O lo que es lo mismo, las reglas de explotación del Tajo-Segura.
Como explica el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, el texto que será remitido a los tribunales cambia, por segunda vez en pocos meses, su argumentación jurídica. La razón fundamental es obvia: a partir de ahora la postura antitrasvases de Castilla-La Mancha puede apoyarse en las últimas sentencias del Tribunal Supremo, dadas a conocer en marzo y que obligan al Gobierno de España a revisar sus planes hidrológicos para incluir en ellos un caudal ecológico mínimo para el Tajo. Planes, actualmente en revisión, que obligarán sí o sí a subir las reservas de los pantanos de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, tal y como defiende Castilla-La Mancha.
Sin olvidar aquí una segunda razón que explica este cambio de estrategia, que no es otra que la de que hasta el momento ninguno de los recursos presentados por Castilla-La Mancha han sido tomados en consideración. El propio Martínez Arroyo lo reconocía el pasado verano, cuando aseguraba que la Junta estaba buscando «fórmulas jurídicas diferentes» para intentar ganar en los tribunales la ‘guerra del agua’.
Estos dos nuevos recursos también advierten de que «los trasvases deben condicionarse al cumplimiento de un mandato legal muy contundente de minimizar las situaciones hidrológicas excepcionales de Entrepeñas y Buendía». Situaciones excepcionales que, sin embargo, son la tónica general de Entrepeñas y Buendía, especialmente desde 2014, año en el que cambiaron las reglas de explotación del trasvase y se impusieron los llamados ‘trasvases automáticos’ mensuales.
No hay que olvidar aquí que la cabecera del Tajo no supera desde hace años el nivel 3 de alerta (a partir del nivel 4 ya no es posible ningún trasvase al estar los pantanos por debajo de los 400 hectómetros cúbicos, tal y como ocurrió hace poco más de un año). Ni tampoco el hecho de que se está incumpliendo la normativa que prioriza las necesidades de la cuenca cedente sobre la receptora. Como denuncia el consejero, en el cálculo de la curva de necesidades de una y otra cuenca, la comisión de explotación del trasvase no incluye, por ejemplo, los regadíos del canal del Alberche, en la provincia de Toledo.
El que la reunión de esta semana del Consejo de Gobierno haya sido prácticamente un monográfico sobre agua tiene su razón de ser en la participación en esta ocasión de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, en el marco de los llamados ‘Consejos Abiertos’. Un foro en el que el Ejecutivo regional ha vuelto a dejar patente su defensa a que estos municipios participen «con voz y voto» en las reuniones de la ya citada comisión de explotación del trasvase.
Además, en el encuentro se han abordado las obras comprometidas desde el Gobierno nacional y la sintonía existente, «que permitirá que se terminen de ejecutar en 2021» y «que los municipios de esta zona no tengan problemas de abastecimiento en verano como hasta el momento, donde el suministro con cisternas venía siendo habitual en el verano».