La Junta de Comunidades acaba de sacar a consulta pública previa el anteproyecto de ley para la ordenación, promoción y mejora de las zonas industriales de Castilla-La Mancha, ante la degradación detectada de muchas de estas áreas y la falta de servicios adicionales.
Desde la Consejería de Fomento se defiende que la existencia de un suelo especializado para el desarrollo empresarial se ha mostrado como una herramienta imprescindible para la economía. Afirmación que basa en cifras: se estima que más del 50% del producto interior bruto nacional se genera en los polígonos industriales.
Sin perder tampoco de vista el ‘tirón’ que en estos momentos tiene Castilla-La Mancha en sectores como el logístico, gracias a su privilegiada ubicación geográfica, en el centro de España y con excelentes comunicaciones tanto viarias como ferroviarias. En este sentido, se prevé la interconexión del actual Mapa Industrial de la región con otras bases de datos geográficas, con el fin de lograr la mayor difusión de la información contenida en el mismos.
Con esta ley se buscaría establecer medidas para lograr que las áreas industriales de Castilla-La Mancha cuenten «con las mejores infraestructuras, dotaciones y servicios para el desarrollo eficiente y económico, social y medioambientalmente sostenible de las actividades económicas».
Además, se plantea establecer criterios homogéneos de ordenación y clasificación de las distintas categorías de suelo industrial, atendiendo a su nivel efectivo de desarrollo urbanístico, dotaciones y servicios. Y es que, otro de los déficit detectados por la Consejería de Fomento es la carencia de instrumentos específicos en matera de ordenación territorial y urbanística, que faciliten la regeneración de estas áreas, su promoción económica y el incremento de la oferta de servicios adicionales.
Otro de los puntos novedosos de esta propuesta pasa por fomentar la colaboración público-privada en la gestión y mejora de las infraestructuras y los servicios existentes en las áreas industriales, así como en la implantación de nuevas dotaciones y servicios que aporten a las mismas mayor valor añadido. Para ello también se plantea establecer medidas de fomento, tanto económicas como administrativas, dirigidas a las empresas y municipios que realicen actuaciones tendentes a mejorar las áreas industriales.
Los polígonos o áreas industriales constituyen, a juicio de la Junta, infraestructuras económicas básicas para el desarrollo de la actividad industrial y son las responsables de importantes recursos económicos que aportan a los municipios donde se localizan. Sin embargo, para que estas áreas puedan retener e incrementar las empresas que en ellas se ubican, «necesitan ofrecer las mejores condiciones y servicios, convirtiéndose en espacios productivos de calidad, modernos y competitivos, que favorezcan la productividad y la competitividad de sus ocupantes».
Otra de las ‘patas’ de esta nueva ley pasaría por fomentar mediante incentivos económico el desarrollo de áreas industriales en las zonas rurales para luchar contra la despoblación, en la línea de lo ya marcado por la futura ley contra la despoblación, que en breve entrará en las Cortes para su tramitación.