El Pleno del Ayuntamiento de Albacete habló de inmigración. La primera intervención partió de una ciudadana, María Morote, que acudió al salón plenario para destacar que “desde que en julio explotó la olla a presión que llevaba puesta al fuego 15 años en los asentamientos, la descoordinación de las instituciones se ha puesto de manifiesto”. Afirmó que nos encontramos ante una situación de emergencia, y es que “los seres humanos que recogen las hortalizas están malviviendo a la intemperie gracias a su silencio y mal hacer”. Pidió a los gobernantes que pregunten a los voluntarios y organizaciones que trabajan con los temporeros y que se dejen asesorar para que no se vuelva a repetir lo ocurrido este verano en la ciudad.

En el turno de ruegos y preguntas, la concejal de Unidas Podemos, Carmen Fajardo, solicitó que se convoque el Consejo Municipal de Inmigración y preguntó por qué el Ayuntamiento sólo ofreció una alternativa de alojamiento a los inmigrantes hasta el 15 de septiembre. Ante esta pregunta, la concejal de Atención a las Personas, Juani García, declaró que los pabellones volvieron a su actividad deportiva en esa fecha y subrayó que los grupos municipales han sido conocedores de todas las actuaciones que se han llevado a cabo desde el equipo de Gobierno, lamentando que nadie haya hecho propuestas para dar una solución.

Pero el tema también se debatió cuando el Grupo Municipal de Vox defendió su moción para poner en marcha medidas contra la inmigración ilegal, una propuesta que presentaron en varios ayuntamientos. Al resto de partidos no les gustaron los términos en los que se redactó la propuesta de Vox. La concejal de Atención a las Personas subrayó que muchos de los datos expuestos no son reales, porque “no ha habido un aumento de llegada de inmigrantes a las costas españolas, entre el 11 y el 13% de los inmigrantes que llegan a España son ilegales y sólo un 0,1% de los inmigrantes que dieron positivo Covid eran irregulares”.

La concejal del PP, María Gil, subrayó que su partido rechaza la xenofobia y aboga por una “inmigración legal y ordenada”; mientras que la edil de Ciudadanos, Laura Avellaneda, subrayó que no se puede criminalizar a un colectivo, “los inmigrantes son personas y buscan una oportunidad”. La concejal de Unidas Podemos, Carmen Fajardo, lamentó que el texto de la moción obvie la Declaración Universal de los Derechos Humanos.