El presidente del Partido Popular, Pablo Casado y el resto de sus dirigentes no pierden la oportunidad de calificar al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez como el más radical de Europa y de la historia de la democracia española, porque está integrado por socialistas y comunistas. Esta coalición de partidos de izquierda no es nueva en la política española en los ámbitos municipal y autonómico, e incluso ha habido ayuntamientos dirigidos por destacados comunistas, como sucedió en Córdoba o ahora en Zamora.
En esos años de gobiernos se izquierdas no se han producido ni ocupación de tierras más allá que alguna acción anecdótica, ni expropiaciones de empresas, ni ataques furibundos a los derechos y libertades de todos. La novedad del gobierno de coalición y de sus apoyos parlamentarios es fruto del final del bipartidismo por un lado, y de las matemáticas parlamentarias por otro, que a veces hace extraños compañeros de cama para lograr y conservar el poder. Algo que está en la esencia de todos los dirigentes políticos que todavía no han transitado los caminos de las grandes coaliciones que se han dado en otros países europeos.
El gobierno al que se define como social-comunista, con un deje peyorativo, es cierto que ha aprobado o tiene en marcha una serie de leyes de carácter ideológico, pero ni más ni menos macado que las que aprobó en su día el PP sobre distintas cuestiones económicas y sociales, que en unos casos han sido revertidas y en otros permanecen. En ocasiones el PP califica de radicales leyes que pretenden una ampliación de derechos, como la ley de eutanasia, y otras decisiones que vienen marcadas por el cumplimiento de directrices europeas. En cualquier caso, como es lógico y habitual, todas las leyes que el PP considera que no coinciden con sus presupuestos ideológicos las recurre ante el Tribunal Constitucional que es quien tiene la última palabra, y ya ha anunciado que las derogará cuando vuelva a La Moncloa, como la última ley de educación aprobada.
NI tan siquiera en el aspecto económico la radicalidad del Gobierno de Pedro Sánchez se ha hecho patente. Nadia Calviño sigue siendo la guardiana de la ortodoxia, y los logros izquierdistas que se pueden imputar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como la última subida del Salario Mínimo Interprofesional de 15 euros está en línea con el mandato europeo de que dentro de dos años alcance el 60% del salario medio. La oposición a esta decisión del Ejecutivo por parte de la CEOE, que ha firmado once acuerdos sociales con ‘la ministra comunista’, tiene también un carácter ideológico que se inscribe en la aversión –o falta de empatía- a perder la más mínima parte de sus beneficios. Cierto que se está en periodo de una incierta recuperación económica, pero a todos los sectores productivos les viene bien que nadie se quede atrás.
Y si de radicalismo se trata, el PP es el único partido conservador de Europa que depende de los votos de la ultraderecha en casi todos los lugares en los que gobierna -excepto Galicia y Castilla y León- y cada vez más se nota su influencia en sus decisiones y en sus votaciones. Y lo peor es que saben que sus posibilidades de gobernar están absolutamente ligadas a Vox. A este respecto, Merkel no le sirve de ejemplo a Casado, dispuesto a formar un gobierno radicalmente de derechas.