El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha llevado al Gobierno regional ante los tribunales por “incumplir”, aseguró en rueda de prensa el coordinador regional del Sector Autonómico, Ramón González, la normativa básica que afecta a los empleados públicos de la comunidad autónoma. González explicó que esta decisión fue adoptada tras la aprobación por parte del Gobierno del Decreto 215/2019, de 30 de julio, del Estatuto de Dirección Profesional de la Administración de la Junta de Comunidades y modificar, sin apenas negociación con los sindicatos, la Relación de Puestos de trabajo (RPT) del personal funcionario y eventual.
Ambas cuestiones, denunció el responsable sindical, “siembran una vía de oscurantismo” para la entrada de puestos de alta dirección en la Administración pública y “una autopista” para que sean desempeñados por personal no funcionario o laboral. Es decir, esos puestos, que además suponen un aumento del capítulo 1 del presupuesto regional para 2020 de “seis millones de euros”, pueden ser cubiertos “por cualquier persona” designada a dedo.
A juicio de González, se trata de una “carcajada” del Ejecutivo de Emiliano García-Page hacia los empleados públicos, apoyado ahora en la mayoría absoluta donde se siente “más cómodo”, dijo. Al mismo tiempo, ambas decisiones afectan directamente a la carrera profesional de los funcionarios castellano-manchegos, más si cabe cuando en la región aún no está recuperada del todo y sí en muchas autonomías del país.
El coordinador del Sector Autonómico de CCOO Castilla-La Mancha hizo mención, además, al aumento del 10 por ciento de la masa salarial de las personas que ocupen estos puestos de alta dirección, amparados en los que se recoge como un “complemento de productividad”. Por tanto, argumentó que “hay elementos más que razonados y suficientes para recurrir ambas decisiones ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”.
Entrando en detalles sobre el número de altos cargos que podrá contratar el Gobierno en base a ambas órdenes, González cuantificó que serán, por un lado, 102 puestos de libre designación y 21 asesores para “llevar el Twitter de las consejerías”.
Al respecto, lamentó que la Junta de Comunidades cubra estos servicios con personal no funcionario e incidió en que el sindicato tiene argumentos “de sobra” para cerrar estas vías de “clientelismo y la arbitrariedad” en sus nombramientos. “Creemos que los servicios públicos deben estar prestados por funcionarios, aunque entendemos que haya puestos de confianza, pero no la generalidad como está ocurriendo”, criticó.
Si el TSJCM diera la razón al sindicato y hubiera sentencia firma al respecto, todos estos puestos tendrían que desaparecer, explicó González, que lamentó que el Gobierno regional haya decidido, en esta nueva etapa de mayoría absoluta, “romper las negociaciones con los sindicatos. Se sienten ahora más cómodos”, concluyó.