Por su opacidad, por la identidad de la persona beneficiada o por el delito cometido, no pocos indultos han desatado la polémica desde el concedido en los 80 al general golpista Alfonso Armada al otorgado en 2012 a un conductor kamikaze que mató a un joven en Valencia pasando en la actualidad por la posibilidad de que el Gobierno se lo conceda a los líderes independentistas que están en prisión por el procés. Esta gracia penitenciaria, que consiste en la condonación total o parcial de las penas impuestas a los condenados en sentencia firme, está regulada por una norma de 1870 que establece que «los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta ley, de toda o parte de la pena en que por aquellos hubiesen incurrido».
El general Armada, penado a 26 años y ocho meses de cárcel por el 23-F, consiguió su indulto en 1988, tras solicitarlo en cinco ocasiones. En su caso, la Sala de lo Militar del Supremo dictaminó por unanimidad a favor por «razones de equidad», ya que, según rezaba el auto, desde prisión había manifestado de forma reiterada «su lealtad a la Corona y al ordenamiento constitucional».
No tuvo el mismo éxito -tampoco lo buscó- el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, castigado a 30 años por la misma intentona golpista. En su caso, no fue el condenado quien solicitó la gracia en 1993, sino una asociación de mujeres de militares. El Gobierno se lo denegó ante la inexistencia de una petición explícita por parte del interesado y la falta de voluntad de acatar el orden constitucional.
No hay que irse tan atrás, ya que los indultos no han escapado a la controversia tampoco en los últimos años y el Supremo incluso se ha encargado de corregir al Gobierno. Lo hizo en 2013 cuando anuló la decisión de Moncloa que había liberado a un conductor condenado a 13 años de prisión por matar a un joven en Valencia al conducir en sentido contrario en la AP-7. El Ejecutivo del PP conmutó esa pena por una multa de algo más de 4.000 euros, pero el Alto Tribunal no halló «lógica jurídica, excluyente de la arbitrariedad» en ese acto.
El Supremo también anuló el indulto que el Gobierno socialista había concedido en 2011 al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, que había sido condenado a tres meses de arresto e inhabilitación por acusación falsa cuando presidía Banesto. Además, la decisión del Ejecutivo afectó también a la cancelación de sus antecedentes penales, lo que le permitía seguir ejerciendo como directivo bancario. En este caso, los magistrados anularon parcialmente la gracia al considerar que el Gabinete de Zapatero había incurrido en una «clara extralimitación» de sus competencias.
Los GAL
En la lista de indultos polémicos destacan también los concedidos por el Gobierno de José María Aznar al exministro socialista del Interior José Barrionuevo y al exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, miembros del gobierno de Felipe González, que habían sido condenados por el secuestro de Segundo Marey por los GAL. La Fiscalía se opuso al considerar que no eran de justicia y destacando la falta de arrepentimiento, pero el Supremo apoyó en este caso un indulto parcial al considerar que se había reducido la alarma social que provocó su delito y recordando que la guerra sucia contra ETA.
No pasaron desapercibidos tampoco las polémicas decisiones sobre las condenas a dos militares que estaban en prisión por falsear las identificaciones de varias de las víctimas del accidente del Yak 42; o el indulto concedido en 2000 al exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, que había sido condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricación. De un delito de estafa fue perdonado el que fuera alcalde de Marbella Jesús Gil en 1994. Fue su segundo indulto porque ya se benefició de esta medida en 1971, cuando fue condenado a cinco años por homicidio involuntario tras la muerte de 58 personas en el derrumbamiento de un restaurante en los Ángeles de San Rafael, en Madrid.