De sobresalto en sobresalto va el sector empresarial de las estaciones de servicio. A los anuncios de próximas subidas de impuestos para el combustible diésel se sumaron esta semana las noticias sobre el contenido del anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética. La ley busca entre otros objetivos «asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, acelerar la plena descarbonización de la economía española», dice el anteproyecto, pero el colectivo de empresarios de gasolineras se siente de nuevo el pagano de la legislación, afectado por unos cambios normativos poco definidos. Pese a que la ley es de momento un texto por concretar, en Albacete la Asociación de Estaciones de Servicio ya tiene muchas dudas sobre un apunte del documento previo: la obligatoriedad para determinadas gasolineras de tener un punto de carga eléctrica para vehículos. Ignacio García Sotos, de la Asociación de Estaciones de Servicio, se lamentaba de que haya planes para las estaciones de servicio sobre puntos de carga «sin saber siquiera si es algo rentable, cuando requieren una inversión importante, unos 50.000 euros de media; no sabemos quién nos va a a vender la energía, ni qué márgenes comerciales vamos a tener; nos parece que hay desinformación y muchas lagunas, se improvisa; los gobiernos pecan mucho de legislar y luego no desarrollar esas normas que crean».

Hay más de 160 puntos de venta de carburante en la provincia según datos del Ministerio de Industria, y es interesante analizar cómo le afecta en concreto el contenido del anteproyecto de ley, porque los plazos para que las gasolineras tengan un punto de carga se disponen, de momento, según el volumen de ventas. El texto dice que las gasolineras que facturaran en 2017 un volumen de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 10 millones de litros tendrían un plazo de nueve meses para tener ese punto de carga. El plazo aumenta a 12 meses en gasolineras que vendan al año entre cinco y 10 millones de litros. Pero en Albacete no hay gasolineras así, con ese nivel de facturación, comentaba García Sotos: «Esas cifras son una barbaridad, una estación de servicio familiar en cualquier carretera puede vender en torno a un millón de litros al año, si se piden esas cantidades estos puntos de carga estarán en puntos muy concretos, no va a haber una red de infraestructuras suficientes en las provincias».

los otros casos. Sin embargo el anteproyecto de ley también incluye, por ahora, los casos de provincias donde ninguna gasolinera cumpla esos volúmenes de venta. El texto dice que, con un plazo de 15 meses, estarán obligados a presentar el proyecto para el punto de recarga eléctrica «los titulares de las instalaciones que, ordenadas de mayor a menor volumen de ventas anuales agregadas de gasolina y gasóleo, conjunta o individualmente, alcancen al menos el 10% de las ventas anuales». Tras presentar el proyecto, tendrían un plazo de un año para tener en marcha el punto de carga, con una potencia, como en los otros casos, de 22 kW.

ayudas públicas. Para las estaciones de servicio la nueva obligación genera de primeras muchas incertidumbre, como decía el portavoz albacetense, aunque es cierto que el anteproyecto también abre la puerta a que tener estos puntos de carga en las gasolineras pueda sufragarse con ayudas públicas. En concreto, dice el anteproyecto que «sin menoscabo de la obligación para los titulares de las instalaciones establecida en los apartados primero, segundo y tercero, las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación parcial o total de las actuaciones necesarias para su cumplimiento». Más información en edición impresa