La Fiscalía solicitará una pena de 11 años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público para José Miguel Mollá, exalcalde popular de Caudete, por un presunto delito de prevaricación administrativa. Así lo confirmó ayer SantiagoAguilar, portavoz de Ganemos Caudete, formación que ejerce la acusación particular en la investigación y que pedirá esa misma pena.

El proceso está ahora a la espera de la apertura de juicio oral, aún sin fecha, en el Juzgado de lo Penal de Albacete, que será quien deba juzgar la causa, una vez concluida la fase de instrucción, que llevó a cabo el Juzgado de Almansa. Los datos recabados en una investigación de cerca de dos años son los que han llevado a la mencionada petición por parte del Ministerio Fiscal.

Ganemos Caudete emitió un comunicado al respecto, en el que recuerdan que la investigación comenzó por «la adjudicación, todavía presuntamente a dedo, que el ahora dimitido alcalde José Miguel Mollá hizo con un contrato de 479.000 euros a una comercializadora energética para el suministro anual de las instalaciones municipales». Tras conocerse los reparos puestos por la Intervención a esos contratos, Ganemos Caudete, PSOE y Ciudadanos presentaron una moción de censura, que no llegó a buen puerto pues Mollá dimitió antes de debatirla y cumplió así las condiciones puestas por la formación naranja para permitir que el PP mantuviera el Gobierno caudetano, esta vez en manos de Moisés López.

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