El Grupo Municipal de Unidas Podemos propondrá al Pleno del Ayuntamiento capitalino que inste al Gobierno regional a que restituya el Ingreso Mínimo de Solidaridad que el pasado mes de octubre paralizó mediante una resolución, dejando sin efecto la solicitudes que aún no habían sido resueltas y las nuevas. La moción fue presentada por la concejal de Unidas Podemos, Carmen Fajardo, quien indicó que es "incomprensible y de una gran irresponsabilidad" suprimir esta ayuda justo en un momento de enormes necesidades para mucha familias, y cuando además se prevé, tal y como vienen alertando distintas organizaciones, que la situación va a empeorar notablemente.

Carmen Fajardo explicó que la resolución publicada el pasado mes de octubre por la Consejería de Bienestar Social ha servido realmente para hacer oficial algo que en la práctica ya se estaba haciendo, ya que desde septiembre de 2019 no se había concedido ninguna ayuda.

El Ingreso Mínimo de Solidaridad era una ayuda que la Junta de Comunidades puso en marcha en el año 2002 y para muchas familias de Castilla La Mancha y de Albacete que rozaban o estaban en situación de pobreza era el único ingreso que tenían. Por esta razón, teniendo en cuenta los efectos sociales y económicos que la crisis de la Covid-19 está provocando, desde luego "el Gobierno de Page no podía haber elegido un momento peor para suprimir esta ayuda".

Con esta moción, Unidas Podemos quiere recordar al Gobierno de Castilla La Mancha que las competencias en materia de Bienestar Social son de la Junta de Comunidades, y que en el caso del Ingreso Mínimo de Solidaridad, es absolutamente compatible con el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central, ya que éste se concibió como algo complementario a lo que ya existía, y así lo han entendido otras muchas comunidades que mantienen el suyo propio con el estatal, como es el caso de Asturias, Extremadura, Aragón…

Carmen Fajardo se refirió al Informe Arope de 2020 de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social, del que se desprende que casi el 31% de la población de Castilla-La Mancha (alrededor de 624.000 personas en términos absolutos) estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión durante el 2019. Y en lo que al municipio de Albacete se refiere, según la memoria de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a lo largo de 2019, atendieron a 46.851 personas. “Esto nos da una idea de la magnitud del problema cuando hablamos de población vulnerable y sin recursos para cubrir sus necesidades más básicas”.

Por último, Carmen Fajardo hizo hincapié en las advertencias que las entidades sociales como Cáritas, Cruz Roja o Banco de Alimentos están haciendo respecto al previsible y preocupante aumento de personas que hasta ahora no había necesitado ayuda y que ahora se ven obligadas a solicitarla. De igual manera, desde que se publicó la resolución, organizaciones sindicales como Comisiones Obreras, el Colegio Profesional de Trabajo Social y la Plataforma en defensa de los Servicios Sociales Públicos, han manifestado su rechazo a la decisión por dejar desprotegidas a miles de personas y familias.

Por todo esto, se pedirá al Pleno que inste a la Junta a que deje sin efecto su resolución, y que la Consejería de Bienestar Social retome la tramitación y resolución de las solicitudes ya registradas tanto en 2019 como en 2020 y que hagan la convocatoria para 2021.