Torrecilla, presidente de la Federación nacional de embalses

S.L.H
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El representante de los ribereños en la Comisión de Explotación del trasvase se marca como retos crear una red de turismo de embalses y mejorar la regulación de estas infraestructuras.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, clausuró la IX Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales hidroeléctricas y embalses. - Foto: David Pérez

A Francisco Pérez Torrecilla se le acumulan los cargos. Actual alcalde de Sacedón, en la provincia de Guadalajara, y representante de los municipios ribereños desde hace poco en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, ahora ha sido nombrado presidente de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales hidroeléctricas y embalses, convirtiéndose en el primer castellano-manchego es alcanzar la presidencia. Un cargo que recogió de buen agrado y que sucede a Rosario Cordera, presidenta de la Diputación provincial de Cáceres.

Durante su intervención en la IX Asamblea General de la Federación, Pérez Torrecilla no pudo olvidarse de su amado río Tajo. Recordó el tremendo daño medioambiental que el trasvase a provocado en su cauce y, en especial, en los embalses de cabecera y, por ende, a todos los municipios que los rodean. No obstante, quiso dejar este problema para «más adelante», pues sin duda, apostilló, debe ser solucionado en esta legislatura.

Entre los retos que se marca para su presidencia, destacó la creación de una red de turismo de embalses que permita «un mayor desarrollo en todos los aspectos de amplias zonas de nuestro territorio, entendiendo que el embalse no debe ser un gravamen, sino al contrario, una oportunidad de desarrollo y verlo como motor económico de su propio entorno». 

Desde una perspectiva jurídica, la Federación trabajará «en pro» de la regulación y normalización de los usos de los embalses para que estos sean similares entre las diferentes comunidades autónomas, ya que «en muchos casos son dispares y hasta contradictorios». 

Asimismo, trabajarán en la firma de un convenio de apoyo y colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la modificación de la Ley de Haciendas Locales, con «el objetivo de regular y garantizar nuestros ingresos, incrementar las tarifas del IAE o regular las tasas».

La caducidad de las concesiones administrativas hidroeléctricas y las repercusiones para los ayuntamientos afectados será también objeto de mejora durante esta etapa, informó Pérez Torrecilla, al igual que la reserva de energía a favor de la Administración que «en muchos casos todavía se encuentra en el aire y sin conocer destino final». 

Quiso destacar también la intención de su presidencia de dar continuidad al convenio con la Dirección General del Catastro, que «tan beneficioso» ha sido para la Federación, al igual que mantener la «estrecha» colaboración con la Asociación municipalista esMontañas y la posibilidad de firmar un convenio con la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (Aneta).

Arroyo y Bellido. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, también participó en la clausura y se congratuló de la elección de Pérez Torrecilla como nuevo presidente de la Federación. «Una muy buena noticia» que va a permitir a la comunidad autónoma llevar su posición en materia de agua a más lugares para visibilizar la importancia que en Castilla-La Mancha se da al recurso y de qué manera afrontar los retos de futuro», dijo.

La inauguración del Congreso corrió cargo del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, quien apoyó las reivindicaciones de los municipios con centrales hidroeléctricas y embalses que están haciendo uso de su «autonomía frente a los legítimos intereses privados» para lanzar iniciativas con las que «compensar los impactos y convertirlos en oportunidades».

En su discurso, Bellido hizo un guiño a la labor que llevan a cabo los alcaldes y ediles y subrayó la necesidad de defender «su derecho a la autonomía, por supuesto frente al Estado y los gobiernos autonómicos, pero también frente a los legítimos intereses privados, ante los que tenemos que buscar aprovechamientos».