El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha anunciado movilizaciones y recursos judiciales ante previsible incremento de los caudales mínimos del Tajo en la nueva planificación hidrológica de este río, ya que «ponen en peligro la continuidad del trasvase hacia el Levante y, por tanto, los puestos de trabajo de 106.000 personas y la continuidad de un sector que genera al PIB nacional 3.000 millones de euros».

«El Día Mundial de Agua, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se pronunció sobre la nueva hoja de ruta en el trasvase y consiste en modificar las redes de explotación. Prevemos un recorte injustificado en el tiempo por las reglas de explotación y seguir adelante subiendo los caudales ecológicos, que supondrá acabar con el difícil equilibrio de los regadíos y la economía de esta región», ha manifestado a Europa Press el presidente del sindicato, Lucas Jiménez.

Actualmente el caudal mínimo del Tajo en Aranjuez es de 6 metros cúbicos y quieren aumentarlo a 8,5. Y los de Toledo y Talavera de la Reina pasarlos de los 10 metros cúbicos por segundo a los a 17,00 y a 17,80, respectivamente.

Así, los desembalses desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía para mejorar el caudal mínimo del río en ese punto restarían 78 hectómetros cúbicos a los trasvases hacia la cuenca del Segura, o lo que es lo mismo, supondrían un descenso del 21% del agua destinada al riego y un 18% menos de agua para consumo urbano.

Esta reducción será mayor si se acepta la petición del Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, de 60 hectómetros para atender la demanda de la población. Si se aprueba, el recorte del Trasvase oscilaría entre el 35% y el 38%, con envíos nulos durante seis años a la agricultura levantina.

En el caso de Aranjuez, los desembalses aumentarían de los 365 hectómetros actuales a los 443; mientras que si se aprueban las demandas del Canal, esos desembalses aumentarían hasta los 503 hectómetros de media, «aumentado la insolidaridad con la zona más seca de España».

El presidente del sindicato hace hincapié en que los regantes deberán seguir pagando el mismo peaje por el uso del trasvase aunque llegue menos agua, además de compensar la caída de los caudales del Tajo con agua desalada, de mucha peor calidad y mucho más cara. Y subraya que el sector agroalimentario ha mostrado su fortaleza como uno de los pilares económicos y laborales en la actual crisis sanitaria, por lo que no entiende los intentos que hay para debilitarlo.

Por ello, para evitar que el Ministerio persista en sus pretensiones, han anunciado movilizaciones en las calles «imaginativas» debido a la situación de pandemia por la que pasamos. Así, la próxima semana se reunirá el Círculo del Agua, con representantes de las mesas de las tres provincias afectadas y también con asociaciones agrarias, sindicatos de clase o cooperativas, entre otras.

Scrats tampoco descarta medidas judiciales. «El estado de las masas de agua en Aranjuez es bueno y por ello un cambio unilateral del Ministerio en ese sentido supondría ir contra las reglas del juego. Sería actuar por motivos políticos y no técnicos o ambientales. Vamos a iniciar una batalla legal no solo desde el sindicato, sino queremos que se adhieran todas las empresas afectadas», ha dicho Jiménez.

Entre otras medidas para dar solución al llamado 'Conflicto del Agua', ha reclamado a los municipios ribereños al Tajo, especialmente a Aranjuez, y a las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha que acometan un plan de depuración como el realizado en la Región de Murcia hace dos décadas, lo que permitiría, según sus cálculos, destinar a caudales ecológicos hasta 500 hectómetros anuales de aguas depuradas.
Infraestructura, «injustamente criticada». Este año va a ser clave para la pervivencia del Trasvase Tajo-Segura. Tras más de cuarenta años de funcionamiento, esta infraestructura hidráulica ha generado una productiva agricultura en las provincias de Murcia, Alicante y Almería, la llamada 'Huerta de España', ya proveen el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de las frutas, con importantes exportaciones al resto de Europa, según un infomre de PWC.

«Sin embargo, el acueducto es permanente e injustamente cuestionada por motivos territoriales, políticos, medioambientales, pero nunca técnicos. Ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica también lo pone en entredicho, pese a la oposición de los Gobiernos regiones de Murcia y Valencia, y la ambigüedad del Ministerio de Agricultura», les reprochan.

Se olvida, según el Sindicato de Regantes, que los trasvases «son un recurso unitario, de solidaridad interterritorial, y uno de los mayores elementos vertebradores de un país subordinado al interés general, según recoge la propia Ley de Aguas y la Constitución Española en su espíritu».

«Además, los trasvases cumplen un papel esencial en la gestión hídrica de España. No se puede regionalizar este recurso básico para la vida. El agua no es de los territorios, ni de las comunidades autónomas, ni de sus presidentes, ni de las confederaciones hidrográficas. Es un recurso esencial que se debe gestionar atendiendo a criterios técnicos y de interés general», señala Jiménez.

Además, apunta que este año precisamente se da la circunstancia de que gracias a la pluviometría hay agua más que suficiente en la gran mayoría de cuencas hidrográficas peninsulares. Tras el temporal Filomena, el posterior deshielo y las borrascas del invierno, la cuenca del Tajo dispone de un 40% más de agua y están por encima del 70%.

En la misma línea, los embalses gestionados por el Canal de Isabel II finalizaron el mes de marzo por encima del 85% de su capacidad, superando en más de 15 puntos la media de los últimos años. Y es que todos los expertos en gestión hídrica coinciden en que va a ser un buen año en cuanto a garantía y disponibilidad de agua.

Por ello, estos agricultores levantinos creen que el Ministerio que dirige Teresa Ribera «no tiene ninguna razón técnica de peso para cercenar los envíos de agua a través del Acueducto Tajo-Segura, cuestionando su continuidad presente y futura, comprometiendo así su viabilidad económica».